Policías y guardias civiles crean una plataforma ante la apertura de la «caótica» frontera de Melilla
Denuncian que se ha priorizado tradicionalmente el contrabando y que es imposible controlar el paso diario de 30.000 personas
A cuatro días de que decaiga el decreto que amplió el cierre de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, los agentes destinados allí aseguran que no tienen instrucciones, como informó ABC el domingo. Ante esa incertidumbre y la inminente apertura de ambas fronteras terrestres, prevista para los primeros días de mayo, policías y guardias civiles de Melilla , representados en sindicatos y asociaciones, han creado una plataforma en la que denuncian el «caos» de esos pasos, la inseguridad jurídica a la que se enfrentan y los problemas que puede suponer para la ciudad.
El lema de la plataforma es «Por una frontera segura para una Melilla segura» vinculando de forma nítida la eventual inseguridad en la ciudad autónoma con el estado de esos pasos y el control que tradicionalmente se ha llevado a cabo. Esta mañana presentan dicha plataforma.
En un comunicados sostienen que tras dos años con las fronteras cerradas con Marruecos, las únicas entradas que se han producido han sido en forma de asaltos violentos por parte de personas en situación irregular que han provocado heridos entres las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La muestra más feroz fueron los dos días de saltos masivos a principios de marzo cuando lograron colarse más de 900 inmigrantes. « Las condiciones para acceder a territorio nacional tendrán que estar condicionadas por la nueva situación sanitaria generada por el Covid19», señalan.
Los agentes relatan algo sabido. A través de esos pasos fronterizos había un tránsito diario de 30.000 personas y vehículos en base al tratado de buena vecindad del Reino de Marruecos, «con un escaso control documental y sanitario», sostienen, avalado por dicho tratado. «Se producía un flujo constante y frecuente de mercancías sin ningún tipo de control hacia el país vecino».
Las autoridades locales y estatales han conocido durante muchos años de estos hechos «e incluso lo han consentido y favorecido, priorizando el contrabando en detrimento de la normativa y seguridad en los puestos fronterizos«, continúan los agentes. Denuncian que policías y guardias civiles que prestaban servicios en esos puntos se han visto «presionados por esta forma de trabajo poco reglada y arbitraria».
Recuerdan que esas situaciones de descontrol han provocado avalanchas multitudinarias, en las que han llegado a morir porteadoras y personas que pasaban y se han producido heridos entre los agentes en mitad de ese caos. Dicen, además, que quienes componen la plataforma ya habían denunciado otra situación totalmente anómala: los vehículos dedicados al contrabando han protagonizado colapsos y cierres al tráfico de algunas calles de la ciudad.
La denuncia continúa respecto a la falta de personal para dar respuesta a aquellos miles de ciudadanos que «honradamente» quieren entrar a Melilla, a lo que suman la falta de instrucciones claras y protocolos de actuación que han generado en el pasado, según explican, arbitrariedades para el acceso a la ciudad.
«Denunciaremos públicamente todas las anomalías que se cometan respecto de nuestra seguridad y condiciones laborales»
«Todo ha seguido siendo un caos», dicen, y la descoordinación entre mandos de Policía y Guardia Civil ha provocado solapamiento en las funciones sin que ningún responsable político ni policial haya movido un dedo, a tenor de sus denuncias, para revertir ese caos. Ha habido dos largos años de cierre de fronteras pero ese tiempo no se ha aprovechado ni para mejorar las condiciones físicas de la propia frontera (al margen del perímetro y las obras que se están haciendo aún) ni para mejorar las de los propios funcionarios. «Están abandonadas», explica el representante del SUP, Jesús Barranco, ni siquiera hay servicio de limpieza para las dependencias de los policías.
Los miembros de esta plataforma sospechan que de haber mejorar se harán con la frontera ya abierta y los agentes en sus puestos, dado que el tiempo se agota. Justo lo que no querían. Acaban de plantear, unidos, una serie de peticiones, casi exigencias, para que la frontera no vuelva a esa imagen a veces tercermundista.
Piden un aumento de plantilla exclusivo para los puestos fronterizos, con agentes que figuren en catálogo y estén especializados, en lugar de 'parchear' esos puestos con agentes de cualquier unidad. También que se remodelen las infraestructuras de esos pasos para evitar intrusiones violentas, kamikazes que se dirigen a toda velocidad contra los agentes para entrar en la ciudad; medios técnicos de detección de personal (escáner móvil o escáner de camiones) para evitar los polizones que se cuelan ocultos en ese tipo de vehículos.
Por encima de todo aspiran a un protocolo de actuación claro y acorde al tratado Schengen que dé seguridad jurídica a los funcionarios; la adscripción de unidades especializadas de apoyo al control fronterizo, como guías caninos, UIP y Policía Local. «Denunciaremos públicamente todas las anomalías que se cometan respecto de nuestra seguridad y condiciones laborales, así como las instrucciones que se den y afecten a nuestra integridad», aseguran. Un pulso en toda regla que espera respuesta del Gobierno y de sus mandos.
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