Pese a las críticas, Lesmes se reafirma ante el Pleno en su gestión frente a la crisis del coronavirus
Da cuenta a los vocales de la veintena de decisiones adoptadas por la Comision Permanente
Últimas noticias del coronavirus en España, en directo
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dado cuenta este jueves al Pleno del órgano de gobierno de los jueces de la gestión de la institución en relación con la pandemia de coronavirus COVID-19. El Pleno se ha realizado de forma telemática, con el presidente en la sede del CGPJ y los vocales conectados por videoconferencia.
Durante su intervención, Lesmes ha apuntado que la actuación del Consejo, con el que varias asociaciones de jueces han sido muy críticas, ha tenido como objetivos fundamentales garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, más necesarios que nunca en una situación de estado de alarma; y atender a los miembros de la carrera judicial y garantizar en la medida de lo posible la protección de su salud, teniendo en cuenta las prioridades fijadas en cada momento por las autoridades sanitarias.
El presidente del Poder Judicial ha añadido que cada una de las medidas aprobadas por la Comisión Permanente lo ha sido en función de la evolución de la crisis y de las decisiones adoptadas por las autoridades gubernativas y sanitarias, procurando una respuesta rápida para adaptarse a los cambios de escenario, pero actuando siempre dentro del marco establecido por las autoridades competentes. En este sentido, ha destacado la «máxima colaboración y cooperación» con el resto de las instituciones con competencias en el ámbito de la Justicia (Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Fiscalía General del Estado).
Actuaciones centralizadas
En su condición de máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ ha centralizado las actuaciones para asegurar una respuesta uniforme ante la crisis, evitando la disparidad de criterios. La Comisión Permanente se reúne diariamente para analizar las incidencias producidas en la actividad judicial, realizar el control de legalidad de las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia y del resto de los órganos judiciales, resolver dudas o unificar criterios sobre la aplicación de los servicios esenciales y fijar la posición del Consejo cuando resulta necesario ante la actuación de otras instancias.
Además, se ha creado una Comisión de Coordinación y Seguimiento en la que además del CGPJ participan la autoridad sanitaria, la Fiscalía y Justicia, y que recibe información puntual de la Audiencia Nacional, tribunales superiores de Justicia.
El Consejo adoptó sus primeras decisiones el pasado 6 de febrero, solo unos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de 2019-nCoV constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y cuando el único caso confirmado en España era el de un ciudadano alemán en la isla de La Gomera.
En esa fecha, la Comisión Permanente acordó la difusión inmediata entre los miembros de la carrera judicial del protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Sanidad. Además, la Permanente aprobó en esa misma reunión una serie de medidas de coordinación con otras Administraciones, solicitando información sobre protocolos y/o controles establecidos tanto al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas como al Ministerio del Interior (en este caso, en relación con el traslado de detenidos a dependencias judiciales).
Asimismo, solicitó a las Administraciones prestacionales la intensificación de las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias que acogen a los detenidos en las sedes judiciales, que se garantizaran adecuadas condiciones de ventilación/climatización en las sedes judiciales y que se pusiera a disposición de los miembros de la Carrera Judicial material de protección individual y colectiva.
Inmediatamente después del fin de semana de los días 7 y 8 de marzo se produjo un evidente cambio de escenario , explica el Consejo en a nota, lo que llevó a las autoridades competentes a la adopción de las primeras medidas de gran impacto social para la contención de la epidemia, como la suspensión de la actividad docente presencial en determinados territorios, como la Comunidad de Madrid, o la aprobación de las primeras medidas excepcionales en el Consejo de Ministros del martes 10 de marzo.
Ese mismo día, la Comisión Permanente comenzó a trabajar en la elaboración de directrices específicas para garantizar la actividad judicial esencial y se convocó una primera reunión extraordinaria de este órgano para el día siguiente, 11 de marzo, asumiendo el CGPJ la responsabilidad de la coordinación con el resto de las Administraciones.
El órgano hace una relación cronológica de las decisiones adoptadas por la Permanente , desde la previsión de tres escenarios en función de la afectación del virus en las distintas comunidades autónomas hasta la relación de servicios mínimos prestados en la Administración de Justicia durante la vigencia del estado de alarma pasando por la suspensión de plazos procesales.
Noticias relacionadas
