Cs no negociará la Memoria Democrática si el Gobierno mantiene su «ataque» a la Amnistía y a la Transición
El pulso de Inés Arrimadas se une al de los independentistas, que ven insuficiente la enmienda de PSOE y Unidas Podemos
El Gobierno , entre la espada y la pared, comprueba de primera mano cómo se complica la ecuación para aprobar su Ley de Memoria Democrática . A las quejas expresadas ya este miércoles por socios habituales como ERC y EH Bildu , que ven insuficiente la alusión a la Ley de Amnistía de 1977 en las enmiendas registradas por PSOE y Unidas Podemos , se une este jueves la amenaza de Ciudadanos (Cs), que ha advertido de que no negociará el proyecto de ley del Ejecutivo si no se retira lo que entiende como «un ataque frontal» a la Transición .
El punto de discordia, que no ha contentado a nadie fuera del Gobierno de coalición, es una enmienda en la que PSOE y Podemos reclaman que se puedan investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y durante la Transición -hasta la victoria socialista en las urnas en 1982-, amparándose en el derecho internacional , que señala como imprescriptibles e inamnistiables crímenes de lesa humanidad, de guerra y torturas.
Este miércoles, el secretario general del PCE , Enrique Santiago , diputado de Unidas Podemos, lo enmarcó como una puerta abierta a la «reparación» de las víctimas del franquismo, aunque admitió que no tiene demasiado recorrido penal la enmienda. Un paso absolutamente insuficiente para los independentistas; una afrenta al legado de la Transición para la oposición.
El portavoz de Cs, Edmundo Bal , ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dejar claro que el Gobierno no puede contar con los nueve diputados de su grupo parlamentario para aprobar esta ley mientras mantenga «este ataque frontal y directo a una de las piedras angulares de la Transición», como es la Ley de Amnistía, que permitió, entre otras cosas, la salida de prisión de los presos políticos del franquismo.
«¡Que no llame a Ciudadanos!»
Bal se ha referido a una llamada que le hizo el lunes por la tarde el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López , y ha apelado directamente a él desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados : «¡Que no llame a Ciudadanos, que no llame hasta que se retire esa enmienda de la ley!». Cs, como publicó ABC , se había abierto a negociar la Ley de Memoria Democrática si a cambio el Ejecutivo se comprometía a apoyar su ley para prohibir los homenajes a etarras, cuya toma en consideración previsiblemente se debatirá en el próximo pleno.
Ahora, sin embargo, existe una nueva «línea roja absolutamente infranqueable» para Cs. El diputado y abogado del Estado ha arremetido además contra el valor jurídico de la enmienda, ante el que ha dicho sentirse «atónito». «Dicen: 'Si total, esto no se va a poder aplicar'. ¿Entonces para qué la presentan?», ha repetido en su intervención, en la que ha dicho que las explicaciones del Gobierno son «ridículas» -el Ejecutivo justificaba su enmienda en la aplicación del derecho internacional- porque los tratados internacionales suscritos por España ya están integrados en el ordenamiento jurídico. Además, Bal ha recordado que no se pueden aplicar sanciones retroactivamente tal y como recoge el artículo 9.3 de la Constitución . «Es un disparate», ha sentenciado.
Fuentes del Gobierno admiten que la enmienda legalmente no cambia nada y que se podrá hacer lo mismo que se hacía hasta ahora, ni más ni menos, pero remarcan que no peligra la Ley de Amnistía y que su compromiso es firme con esta norma, con la Constitución y con los tratados internacionales. Así, admiten que con la enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos se buscaba dar acomodo a las distintas fuerzas parlamentarias con las que negocian.
Lamentan ahora que Cs les critique por una cosa y que los independentistas lo hagan por la contraria e intentan apelar a la negociación ante dos partes visiblemente descontentas. «Es el peor PSOE enmendando al mejor PSOE», se ha quejado Bal en la sala de prensa, una hora y media después de que el BNG se haya unido a ERC y a Bildu y haya reclamado cambios más profundos y ambiciosos. Los separatistas abogan por derogar la Ley de Amnistía, pero el Ejecutivo lo descarta por completo. Ahora, deberá rebajar la tensión y buscar veintiún diputados para llegar a los 176 que garanticen la aprobación de su ley.
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