Más de 40.000 causas penales se han archivado por falta de autor
La Fiscalía y los órganos judiciales han revisado en seis meses 302.132 procedimientos
En los seis meses que ha tenido de plazo la Fiscalía para revisar las casi 350.000 causas penales que se instruían en todos los juzgados de España, los jueces han acordado el sobreseimiento provisional de 44.000 procedimientos por falta de autor conocido, un 12,7 por ciento del total clasificado. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una rueda de prensa en la que compareció para hacer balance de los seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a clasificar las causas en simples y complejas. En el primer caso los jueces tienen seis meses para investigar ; en el segundo, dieciocho. Transcurrido ese plazo, el juez tendrá que decidir si archiva o abre juicio oral o, en caso contrario, tendrá que argumentar por qué necesita una prórroga, explicaciones que hasta ahora no tenía que dar.
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Pese a las críticas recibidas y el escepticismo de los fiscales ante la «imposibilidad» de llegar al 6 de junio con los deberes hechos, Catalá se presentó ayer ante los medios asegurando que, vencido el plazo legal, es decir, los seis meses, no queda ninguna causa penal en ningún juzgado de España que no haya sido clasificada. «Me resulta inimaginable pensar que algún juez haya dejado de enviar algún procedimiento a la fiscalía», señaló. Y si esto fuera así, si alguno apareciera traspapelado en el armario de un juzgado, «quien tenga esa responsabilidad tendrá que explicarlo».
Posibles responsables
No aclaró, sin embargo, si las culpas recaerán en el titular del juzgado en cuestión o en los fiscales, a quienes la ley atribuye la obligación de revisar las causas y estar pendientes del vencimiento de los plazos. En el trasfondo de la advertencia del ministro, las declaraciones de la fiscal general del Estado el pasado 25 de mayo, cuando, para cubrir las espaldas del Ministerio Público ante un hipotético incumplimiento del mandato legal , Consuelo Madrigal habló de la «sospecha» de una bolsa de «asuntos fantasma» de los que los juzgados no habían dado traslado a la Fiscalía. En este sentido, no se atrevió a cuantificar cuántas causas estaban pendientes de revisión.
Para Justicia, sin embargo, las cifras están claras. Sin contar con los archivos de los atestados sin autor conocido, Catalá aseguró ayer que los fiscales y los órganos judiciales han analizado y clasificado en estos seis meses 302.132 causas penales. Tal ha sido el esprint final que solo desde el 1 de junio hasta ayer, con el fin de semana por medio, se terminaron de ver 12.501 procedimientos que quedaban pendientes , una «cifra marginal de un 4 por ciento». «Todo el mundo ha cumplido», sentenció ayer el ministro. Sin embargo, se negó a «certificar» estos datos porque «no es algo que me corresponda a mí». «Tengo confianza, una certeza personal que se basa en las cifras que me han dado los profesionales que trabajan en los distintos órganos judiciales», reiteró en varias ocasiones ante la insistencia de los medios en la excesiva precisión de las cifras.
El ministro agradeció el «esfuerzo, compromiso y voluntad» de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia por cumplir con el mandato legal, intentando cerrar la herida abierta entre los fiscales y los antiguos secretarios judiciales, a quienes los primeros reprocharon su falta de colaboración en este proceso.
1,6 millones adicionales
Catalá recordó que para abordar la revisión y calificación de los procedimientos, el Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de las fiscalías 80 plazas de refuerzo y el apoyo adicional de un «importante número de funcionarios». A ello se ha destinado una partida de 1.647.877 euros de financiación extraordinaria y se han reforzado también los medios informáticos.
Para Catalá, la clasificación de las causas ha permitido la puesta al día de los juzgados y la reactivación de la tramitación de los procedimientos. Así, calcula que esta y otras medidas de agilización de la Justicia se traducirán en una reducción de más de 2,5 millones de los asuntos que entran en la jurisdicción penal. Entre esas otras medidas destacó la supresión de las faltas, que con la reforma del Código Penal han pasado a ser delitos leves o infracciones administrativas . Estos juicios, que colapsaban los juzgados y cuyo número no dejaba de crecer, han descendido en un 54 por ciento en el primer trimestre del año, según señaló el ministro.
Fin de los macroprocesos
Respecto a los atestados por delitos sin autor conocido (que han representado el 12,7 por ciento de las causas estimadas en un primer momento), el ministro recordó que ya no se remiten automáticamente a los juzgados, sino que seguirán en manos de la Policía evitando así la «excesiva burocracia» que su tramitación generaba. Por último, aludió a la reforma de las reglas de conexidad, en virtud de la cual las instrucciones judiciales serán ahora más rápidas y no habrá macroprocesos, pues cada delito dará lugar a una sola causa y se evitarán así las investigaciones eternas.
Catalá rechazó las críticas de los partidos de la oposición y de algunos colectivos que trabajan en la Administración de Justicia. Aseguró que «los cambios siempre generan resistencias», y recordó que el último gobierno socialista también quiso poner límites a la instrucción penal.
