Los fiscales progresistas instan a Madrigal a que reconozca que no da tiempo a revisar todas las causas penales antes del 6 de junio
Denuncian la «nula colaboración» de los secretarios judiciales en el control del vencimiento de plazos y se niegan a asumir esa responsabilidad
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) denunciará hoyante la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, la imposibilidad de llegar al 6 de junio habiendo revisado las cerca de 200.000 causas penales abiertas en España. La asociación asegura que no están en condiciones de cumplir el mandato de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que por primera vez clasifica los procedimientos penales en simples y complejos y establece unos plazos de instrucción de seis meses para los primeros y de dieciocho para los segundos.
En un documento que la UPF quiere introducir en el orden del día del Consejo Fiscal que se celebrará mañana miércoles los fiscales progresistas destacan «la dedicación y empeño» de los representantes del Ministerio Público por cumplir con la tarea que la nueva ley les encomienda, pero advierten de que «debemos prepararnos para anticipar a la sociedad, a los juzgados y a nosotros mismos que, pese al encomiable esfuerzo realizado no podremos cumplir el objetivo pretendido». En este sentido, señalan que las estadísticas con las que cuenta la Fiscalía General del Estado, que adelantó ABC, no representan una «foto fija» de la situación de los juzgados, pues no hay «instrumento o guía alguna para controlar las causas vivas».
Los fiscales denuncian la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), «a quienes corresponde la obligación de controlar los términos judiciales». No es el único obstáculo con el que se están encontrando: también insisten en que carecen de herramientas informáticas que permitan conocer con exactitud el estado de todos los procedimientos. Así, explican, en cada fiscalía se sigue un sistema diferente, todos ellos manuales y basados en el almacenamiento de «carpetillas y fotocopias».
La UPF no quiere que recaiga sobre los fiscales de forma individual la responsabilidad de cualquier incidencia detectada en alguno de las causas, bien por no haber solicitado a tiempo las diligencias o la prórroga de la investigación o bien por no haber solicitado el sobreseimiento. Por ello, concluyen, «resulta preciso que por parte de la más alta instancia de la carrera fisca l se comunique anticipada y públicamente la imposibilidad de la Fiscalía de revisar todas las causas penales. Si no lo hacemos desde la propia institución y con antelación al 6 de junio, de poco o nada van a servir nuestras quejas individuales cuando este reproche se reproduzca en cada uno de los procedimientos».
Noticias relacionadas
