Ofensiva del Gobierno contra el Tribunal Constitucional
Margarita Robles arremete contra el fallo: «Son elucubraciones doctrinales»
La ministra Ione Belarra acusa a los jueces de hacer «oposición al Gobierno» de coalición
Casos de coronavirus en Navarra
El Gobierno no se detiene en su ofensiva contra el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara ilegal el primer estado de alarma . Este miércoles fue la ministra de Justicia, Pilar Llop , quien sembró la discordia y hoy ha seguido su estela otra de alto rango. La titular de Defensa, Margarita Robles , ha lamentado que la sentencia entrase en «elucubraciones doctrinales» . Una sentencia, por cierto, que aún no se ha publicado. Solo ha trascendido el fallo.
Robles ha defendido con orgullo las medidas interpuestas por el Ejecutivo, con el confinamiento domiciliario de la población a la cabeza, y lo ha reivindicado como «la única forma de salvar vidas». Ese es el mantra que se repite estos días desde La Moncloa: que sin estado de alarma habrían muerto al menos 450.000 personas más.
Pero el Constitucional no se pronuncia sobre el encierro domiciliario en sí, sino sobre el instrumento jurídico empleado . Para tales restricciones, concluyó ayer en su fallo, debería haberse empleado un estado de excepción y no el de alarma. Algo que viene a dar la razón al PP y, sobre todo, a Vox –que interpuso el recurso de inconstitucionalidad– cuando denunciaban que se estaba ante un «estado de excepción encubierto».
Pero el Ejecutivo, alejado de toda autocrítica, se enroca en una posición de ‘sí, pero no’. «Respeto, pero no comparto». «Los debates y elucubraciones doctrinales están muy bien, pero quizá no deberían plasmarse en las sentencias», ha dicho Robles en la Ser. Pero la titular de Defensa, magistrada de profesión, no se ha quedado ahí y ha reclamado al Tribunal de Garantías «sentido de Estado». El Gobierno se agarra al auto dictado por el propio Tribunal Constitucional en abril del 2020, cuando admitió que el confinamiento era «la única medida adecuada» para frenar el Covid-19 .
Reía por la mañana Andrés Ollero , magistrado conservador del TC que se posicionó en contra de la inconstitucionalidad, cuando le preguntaron en Onda Cero por las palabras de Robles minutos antes. «¿Pues entonces qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros sentamos doctrina, algo habrá que elucubrar. Nunca viene mal pensar un poquito», respondió Ollero, sin conceder demasiada importancia a la polémica generada.
La presión del Poder Ejecutivo al Judicial, que ya se ha visto en anteriores ocasiones en esta legislatura a razón del ‘procés’ , ha continuado con declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra , en TVE. Unidas Podemos , cada vez que le perjudica una decisión judicial, saca a relucir el argumento del «brazo judicial de la derecha». Y formar parte del Gobierno , al menos para Belarra, no es impedimento alguno.
Si su afilado portavoz parlamentario, Pablo Echenique , sugirió con su habitual sorna rebautizar al Tribunal Constitucional como ‘Voxtitucional’ , Belarra directamente acusó a los jueces de hacer «oposición» al Ejecutivo de coalición con sus sentencias. «Hay un problema muy serio con la Justicia», ha agregado, convencida de que el Consejo de Ministros actuó como debía. Belarra, además, ha ligado el criterio de los magistrados a la falta de renovación de numerosos órganos constitucionales, entre ellos el TC, a pesar de que la votación la decidió Encarnación Roca , progresista, que se posicionó a favor de la inconstitucionalidad.
Silencio de la portavoz
Quien no se ha pronunciado, en el acto de homenaje a las víctimas del coronavirus celebrado en el Palacio Real , ha sido la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez . Eso sí, ha aprovechado su intervención ante los medios para reclamar al líder de la oposición, el popular Pablo Casado , «estar a la altura del país» y no utilizar el evento para diatribas políticas contra el Gobierno.
Robles y Belarra han tomado el testigo de la ministra de Justicia, Pilar Llop , quien en su primera semana al frente del cargo ya ha provocado malestar entre las asociaciones de jueces por «deslegitimar» el fallo del TC.
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