La juez del caso Nóos confirma la continuidad de Manos Limpias en el juicio
El abogado de Diego Torres había solicitado la expulsión del sindicato tras el encarcelamiento de su secretario general
La presidenta del tribunal del juicio del caso Nóos , Samantha Romero , ha anunciado este jueves que, de momento, mantendrá a Manos Limpias como acusación popular en esta causa. Por tanto, la abogada Virginia López Negrete seguirá desempeñando su labor en la vista oral. El abogado de Diego Torres , Manuel González Peeters , había pedido ayer miércoles que el citado sindicato fuese expulsado de la causa, solicitud que ha desestimado Romero.
La magistrada ha señalado que seguía vigente el auto que dictó el tribunal el pasado 29 de enero, en el que se consideraba que el sindicato Manos Limpias estaba legitimado para ejercer la acusación popular en esta causa. Asimismo, ha recordado que las indagaciones judiciales que en estos momentos afectan a Manos Limpias se encuentran todavía en fase de investigación.
El letrado de Torres ha expresado su «respetuosa» protesta por la decisión adoptada este jueves por Romero, a la que se han sumado varias defensas. En cambio, el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha optado por no cuestionar la resolución de la presidenta del tribunal. Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach , ha considerado necesario que desde la Audiencia Nacional se aporten datos sobre la citada investigación.
González Peeters había fundamentado ayer su petición de expulsión en el hecho de que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad , se encuentra en prisión de manera preventiva por presunta extorsión. Asimismo, señaló que dicho sindicato habría disfrazado intereses de carácter privado «amparándose en la defensa de intereses generales».
Romero le respondió, en relación a su petición, que había que respetar «el principio de presunción de inocencia» y añadió que se trata de una «investigación embrionaria de la que no tenemos conocimiento ni se nos ha dado traslado». Las intervenciones de González Peeters y de Romero estuvieron marcadas por momentos de fuerte tensión dialéctica, que se reprodujeron con posterioridad, cuando intervinieron el resto de partes personadas en la causa para pronunciarse sobre la petición de expulsión de Manos Limpias del proceso.
El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives , también se adhirió a la solicitud planteada por el letrado de Torres. En cambio, el abogado de la Infanta que estaba ayer presente en el juicio, Juan Segarra , indicó que no se sumaría a la petición de González Peeters y de Pascual Vives, al entender, al igual que la presidenta del tribunal, que hay que respetar la presunción de inocencia en este caso.
Los instantes de mayor tensión se produjeron durante la intervención del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach , y sobre todo de la abogada del Estado, María Dolores Ripoll , que apenas pudo exponer su posición, ante los continuos reparos que Romero planteaba a sus palabras, al entender que eran más un alegato que una toma de posición sobre la petición efectuada por González Peeters.
En cualquier caso, Horrach indicó que creía conveniente solicitar mayor información a la Audiencia Nacional sobre las acusaciones contra Bernad, mientras que Ripoll dio a entender que la Abogacía del Estado había defendido desde el principio que Doña Cristina no debía sentarse en el banquillo, con independencia de los últimos acontecimientos vinculados a la detención del máximo responsable de Manos Limpias .
La presidenta del tribunal dirigió los reproches más duros a González Peeters y a Ripoll, cuando afirmó que «parece que lo importante es lo que sucede fuera de esta sala, no en esta sala», algo que «no se puede tolerar». Asimismo, señaló que «a los juristas hay que exigirles rigor» y añadió que en estos momentos «no hay una sentencia firme» sobre los hechos que se atribuyen a Bernad. En relación a la presunción de inocencia , dijo que «lo es para todos los ciudadanos».
Por su parte, López Negrete indicó que «es perfectamente legítima la presencia de esta acusación aquí», en el sentido de que «el sindicato no está imputado ni investigado, sino sólo una persona en calidad de persona física».
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