Jueces y fiscales consuman su amenaza y van a la huelga los días 5, 6 y 7 de marzo

Las cuatro asociaciones judiciales y las tres fiscales han consumado su amenaza y han convocado paros los días 5, 6 y 7 de marzo (entre las 10.00 a 14.00 horas) como protesta por la falta de receptividad de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien hace apenas unos meses secundaba estas mismas reivindicaciones al otro lado de la barrera como miembro activo del Consejo Fiscal.

Junto con el anuncio de estas movilizaciones, que ya anunciaron el pasado 23 de enero, han presentado un escrito en el Ministerio en el que desglosan once propuestas de mejora de las condiciones de la Justicia. Los representantes de ambas carreras señalan que se trata de «propuestas claras, alcanzables y con mínima dotación presupuestaria». «Solo hace falta voluntad política», dicen.

Entre esas medidas piden la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (que establece plazos concretos en la instrucción de las causas judiciales), la paralización de la justicia digital hasta que se replantee su implantación y se solucionen los problemas informáticos, la convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal o la retribución de las guardias.

El anuncio de estas movilizaciones se produce apenas unos días después de que estas mismas asociaciones suscribieran un comunicado conjunto en el que acusaban al Ejecutivo de haber dado esperazas infundadas.

«Para el actual gobierno, como para todos los anteriores, la Justicia no solo no es una prioridad, sino que parece ser un estorbo. El Poder Judicial, que controla al Ejecutivo y al Legislativo, es controlado por los otros poderes con austeridad presupuestaria, un año más», señalaba el escrito.

Los firmantes reprochaban a la ministra que, «lejos de diferenciarse de equipos anteriores», haya tomado la misma senda que sus predecesores: «la de la creación de falsas expectativas y apariencia de negociación y cercanía para, en definitiva, desgastar y dar largas a los interlocutores de las carreras judicial y fiscal, convocándonos a reunión tras reunión (la última, el 10 de enero), sin un verdadero compromiso e interés por acoger nuestras justas y nada ambiciosas reclamaciones».