Jueces dicen que maniatar al CGPJ revela un modelo «podrido»

Nati Villanueva

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02/12/2020
Actualizado 03/12/2020 a las 02:31h.

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Pretender limitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones revela el interés de los políticos por controlar el órgano de gobierno de los jueces. Así lo consideran tres de las cuatro asociaciones de la carrera, para las que la proposición de ley que PSOE y Unidad Podemos presentaron ayer en el Congreso -reactivación parcial de la reforma que pretendía rebajar la mayoría cualificada en la elección de los doce vocales jueces- no denota más que la constatación de la «politización» de un modelo «descompuesto» y «podrido».

Para Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), esta proposición de ley «revela la convicción de quien lo propone del vínculo justicia-política», algo «absolutamente negativo» y «contrario a lo que constituye la base del Estado de Derecho» . Almenar señala que si el mandato del Consejo es de cinco años es precisamente para desvincularlo del mandato del Gobierno, para preservar la independencia del órgano. A su juicio, lo que revela la proposición de ley presentada ayer «es la incapacidad de los grupos parlamentarios para cumplir la Constitución y renovar en plazo el Poder Judicial». «En vez de hacerles pensar en lo que están haciendo mal se intenta solucionar mermando la capacidad de funcionamiento de ese órgano», señala en declaraciones a ABC.

Para Almenar, es necesario reformar el sistema de elección de vocales judiciales, pues «el problema no se plantearía si esos doce togados fueran elegidos por sus propios compañeros sin la intervención del Parlamento». Insiste en que el problema es de base, pues «no se debería plantear que el CGPJ esté en funciones». Recuerda que el artículo 122 de la Constitución obliga a la renovación del Consejo y ese problema no se debería dar. «Si se plantea es porque los grupos han trasladado al Parlamento el sistema de elección de los vocales. Y ahora, cuando son incapaces de ponerse de acuerdo para renovar, en vez de apostar por la solución constitucional, que es la vuelta al sistema de elección de La ley Orgánica del Poder Judicial, insisten en el error de trasladar al Consejo las consecuencias de su incompetencia».

Por su parte, el portavoz nacional de Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que «estamos ante la descomposición del sistema», lo que se está viendo, dice, con «el bloqueo y paralización del Consejo», la incapacidad para nombrar nuevos vocales, la sumisión de las Cortes al Gobierno, la propuesta de rebajar mayorías ... «Todo es una progresión. Cada vez es más evidente que el sistema se está descomponiendo», señala en declaraciones a ABC. En su opinión, «si el órgano de gobierno de los jueces no está politizado, ¿qué más da que quien haga nombramientos sea un Consejo u otro?», ironiza. «Esto sólo implica politización; la descomposición ya ni se disimula; es una manifestación explícita de que esto funciona así».

Desde Jueces para la Democracia, su portavoz, Ascensión Martín, entiende que se busquen soluciones a la situación actual de bloqueo, aunque recalca que su asociación es partidaria de que esta renovación se produzca con las mayorías que determina la ley actual; es decir, una mayoría cualificada y no absoluta, como pretende la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos ahora aparcada.

Martín apunta que «todos los órganos administrativos tienen competencias restringidas cuando están en funciones» y emplaza a los grupos parlamentarios a que se pongan de acuerdo y busquen una «solución jurídica en tiempo». Recuerda que las atribuciones del CGPJ en funciones no están reguladas porque la ley no pensó en esta situación. «Es respetable que se busquen soluciones jurídicas ante una situación que no se sabe lo que va a durar», dice.

Por último, Concepción Rodríguez, portavoz de Foro Judicial Independiente, también critica la reforma en la línea de la asociación Francisco de Vitoria. «Si los nombramientos son independientes a pesar del origen político de los vocales, ¿por qué es un problema que los lleve a cabo uno u otro órgano?», se pregunta.

A su juicio, lo que está sucediendo es un reflejo de lo que ya vaticinó el Tribunal Constitucional en 1986, cuando validó el nombramiento de los vocales judiciales por parte del Parlamento, pero a la vez advirtió de que existía el riesgo de politización al entrar los grupos parlamentarios en el reparto de los vocales. «El sistema sería adecuado y no estaría podrido si los jueces fueran elegidos por sus compañeros», insiste.

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