El Gobierno y sus socios blindan los beneficios para presos de ETA
Izquierda, nacionalistas y secesionistas rechazan la propuesta del PP que también apostaba por prohibir los 'ongi etorris'
Gamarra, portavoz popular: «Sánchez se ha asociado con los verdugos para mantenerse en el poder con votos por presos»
Por segunda vez consecutiva en menos de tres meses, el Gobierno y sus socios habituales han vuelto a situarse cerca de los presos de ETA y lejos de sus cientos de víctimas. Y volvieron a hacerlo desde el propio Congreso de los Diputados, donde este martes todos los grupos de izquierdas, nacionalistas y secesionistas, además de Bildu –brazo político de los proetarras–, abortaron otra iniciativa de la oposición para endurecer las condiciones que deben cumplir los presos de ETA para acceder a acercamientos y otros beneficios penitenciarios , como los terceros grados que les abren las puertas a la libertad para salir a la calle antes de cumplir toda su condena.
Esta proposición de ley, a iniciativa del PP, exigía que los etarras se arrepientan de verdad y no «con una mera carta tipo» para acceder a esos beneficios, explicó la portavoz popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra. Y que estos presos colaboren con la Justicia para esclarecer los 378 atentados cuyos responsables aún no han sido juzgados ni condenados, lo que mantiene en la impunidad el 44% de los crímenes de ETA a lo largo de toda su historia.
Como tercera gran medida, la iniciativa popular apostaba por prohibir los polémicos ‘ongi etorri’ permitiendo que las delegaciones del Gobierno en País Vasco y Navarra puedan denegar la celebración de estos homenajes a presos de ETA, que se han seguido produciendo después de que el propio entorno de esos etarras condenados asegurara a finales del año pasado que dejarían de convocarlos.
La portavoz del PP recordó en la tribuna del Congreso que, desde la llegada de Sánchez y el PSOE a La Moncloa a mediados de 2018, se han producido hasta 209 acercamientos de etarras, más de la mitad de ellos con largas condenas por delitos de sangre, 25 terceros grados y 14 libertades condicionales . El principal grupo de la oposición considera «una obligación moral y colectiva hacer justicia y honrar la memoria de la víctimas» con reformas legales que permitan estas citadas medidas. Gamarra denunció que «Sánchez se ha asociado a los verdugos para alcanzar y mantenerse en el poder» , en alusión a los acuerdos de este Gobierno con Bildu, que la portavoz popular resumió como un pacto de «votos por presos». Y elevó el tono para sentenciar que los populares no van «a pasar por ahí».
La propuesta del PP contó el apoyo de Vox y Ciudadanos , como ocurrió cuando el pasado mes de noviembre este último grupo ya presentó otra iniciativa similar, que terminó como la de este martes: tumbada por los dos partidos del Gobierno y sus socios.
Sin embargo, los de Abascal y Arrimadas no desaprovecharon la ocasión para lanzar algunas críticas a los de Casado a propósito de este asunto. Así, Francisco José Alcaraz , diputado de Vox cuyo hermano y dos sobrinas fueron asesinados por ETA, inició su intervención guardando varios segundos de silencio como ejemplo de lo que el Gobierno quiere no sólo de las víctimas, sino también de los propios etarras «para que no cambien lo que ha pactado con ETA». Alcaraz afeó al PP que los acercamientos, ‘ongi etorri’ o «excarcelaciones injustificadas» se han producido «con todos los Gobiernos del PP y del PSOE».
Por su parte, Edmundo Bal (Cs), celebró esta iniciativa del PP para «recuperar la dignidad de las víctimas», aunque recriminó a los populares que «ya era hora», recordando la mencionada propuesta de Ciudadanos del año pasado, que el PSOE ya votó en contra «sin ningún sonrojo», por lo que pidió a los socialistas –de nuevo sin éxito– que «no miren hacia otro lado» . Eso sí, Bal colocó en el mismo plano a PSOE y PP para denunciar la «polarización y guerra de trincheras» en la que, según Cs, permanecen instalados los dos grandes partidos.
El PSOE saca pecho
El portavoz del PSOE en este debate, Miguel Ángel González , no dudó en contraatacar presumiendo de su partido y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska . Los portavoces de PP y Vox habían pedido su cese o dimisión tras el escándalo de los últimos días por el informe de la Guardia Civil que detalla y confirma varias vías de comunicación del entorno proetarra con Instituciones Penitenciarias sobre los beneficios que este organismo dependiente de Marlaska promueve a favor de los presos de la banda terrorista.
De hecho, ya por la mañana en el Senado, el propio Marlaska había defendido esos «contactos» de su departamento con el entorno de los presos etarras, a los que comparó con «condenados por corrupción del PP». El ministro del Interior también espetó a los populares que «no pueden vivir sin ETA». El popular Fernando Martínez Maíllo calificó de «vergüenza» lo que para el ministro no son más que «contactos» normales.
En la misma línea, su compañero Miguel Ángel González se jactó por la tarde en el Congreso de que «todo lo que se ha hecho en este país a favor de las víctimas de ETA tiene el sello del PSOE». Y presumió de un Marlaska «que se jugó la vida para defender la democracia y la libertad».
Compartiendo argumentos y tono, la representante de Podemos, Martina Velarde, empezó descalificando a los populares al pedirles ya de entrada «decencia». «Algo que ustedes desconocen», atizó. La representante del otro partido del Gobierno también acusó al PP de «engañar» y «hacer politiqueo» con las víctimas de ETA.
Los socios del Gobierno
Por su parte, los nacionalistas vascos, secesionistas catalanes y hasta los propios bildutarras también rechazaron esta propuesta del PP, pero con un tono bastante más moderado que los de PSOE y Podemos.
Jon Iñarritu (Bildu) criticó los «criterios de revancha y venganza» que, según él, inspiran esta propuesta de la oposición, que además tildó de «inconstitucional». El portavoz bildutarra insistió varias veces en que «hace once años que desapareció la violencia de ETA», el mismo mantra que, cada vez más, comparte toda la izquierda española para justificar cualquier compromiso o cesión al entorno proetarra y su brazo político, Bildu. Desde el PNV, Mikel Legarda rechazó la propuesta porque considera que permitiría a las víctimas «impedir, dificultar y entorpecer» el tratamiento penitenciario de los etarras. Genís Boadella (PDECat) también dejó claro su rechazo a esta propuesta «en caliente», aunque el PP la registró hace casi un año. La iniciativa del PP no pudo pasar ni el primer trámite de la toma en consideración por 184 votos en contra y 152 a favor.
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