Marlaska niega que se negociara con Bildu la situación de los presos de ETA pese al informe de la Guardia Civil
«La aplicación de la ley ni se ha negociado, ni se negocia, ni se negociará», asegura, y niega que el Gobierno vaya a cambiar la ley para que se computen en España los años de condena cumplidos por los etarras en Francia
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha aprovechado la rueda de prensa posterior a su reunión con los responsables de Formación de la Policía Nacional para salir al paso de las críticas recibidas por los contactos entre personas de su Departamento y colectivos en favor de los presos de ETA. Esas vías de comunicación -una con el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz , y la segunda a través de la Delegación del Gobierno en el PaísVasco, fueron desveladas en un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, queinstruye el sumario de los 'ongi etorris' que organizaa el etarra Antonio López Ruiz, Kubati, asesino de Yoyes . Este individuo,según la investigación, daba indicaciones a Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del País Vasco y portavoz de Sare, que era interlocutor de Ortiz.
Marlaska ha asegurado esta mañana que «ni ha negociado ni negociará» la situación de los presos de ETA, al tiempo que ha enmarcado los contactos desvelados en las habituales «relaciones institucionales» que se mantienen con distintos colectivos de presos. Asimismo, ha defendido la «máxima transparencia» aplicada en torno a los traslados de presos de ETA. En este sentido, ha subrayado que lo anterior «nunca condiciona» la aplicación de la ley penitenciaria ya que, ha dicho, «la ley no se negocia».
«La aplicación de la ley ni se negocia ni se negociará», ha señalado Grande-Marlaska, que ha vuelto a descartar que el Gobierno, como defienden algunos colectivos de víctimas, trabaje en una reforma de la ley 7/2014 para adelantar la excarcelación de presos de ETA.
En cualquier caso, ha reiterado que las decisiones en materia penitenciaria parten de lo que propone las juntas de tratamiento de las cárceles, y luego son validadas por la justicia, dando cuenta de ello con la «máxima transparencia» a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a los medios de comunicación.
Ataques al PP
En su opinión, esto no ocurrió en los Gobiernos del PP, cuando ETA estaba activa y cometía atentados, asegurando que en los gobiernos de José María Aznar se trasladó a 575 etarras y en los gobiernos de Mariano Rajoy a otros 230 presos de la banda terrorista. Ahora, según Grande-Marlaska -que ha recordado que fue víctima directa de ETA en su etapa como juez-, «se aplica la ley penitenciaria con tratamientos individualizados» .
Precisamente mañana, por iniciativa del PP, se votará en el Congreso una proposición de ley para reformar el Estatuto de la Víctima del Delito . El objetivo de esta reforma es ofrecer mayor protección a estas personas, en especiala las que han sido víctimas del terrorismo, frente a los beneficios penitenciarios que puedan disfrutar los autores o las «agresiones a su dignidad» por los homenajes que reciban los penados una vez libres, los conocidos como 'ongi etorris'.
Los populares ven necesaria una mejora del régimen de protección de las víctimas del delito «para cubrir determinadas lagunas en la defensa de su dignidad y del conjunto de sus derechos «, para lo cual proponen modificar el Estatuto de la Víctima del Delito, el Reglamento Penitenciario y las leyes orgánicas Penitenciaria, de Seguridad Ciudadana, del Derecho de Reunión y del Poder Judicial.
Esta iniciativa se votará la víspera de la ofensiva parlamentaria que el PP y Vox tienen reservada al Gobierno en la sesión de control del miércoles, donde pedirán cuentas al ministro del Interior por los contactos entre cargos de Prisiones con el entorno de los presos de ETA para tratar peticiones y anticipar beneficios a etarras, informa Ep.
Ambos partidos interrogarán a Marlaska tras conocerse el informe de la Guardia Civil que revela esas comunicaciones entre representantes de los presos de la banda terrorista con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende de Interior, así como de gestiones para mediar con la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
Además, los de Santiago Abascal también interpelarán al Gobierno sobre este asunto para saber qué medidas piensa adoptar «para impedir que ETA decida la política penitenciaria de España «, una iniciativa que dará lugar una semana después a la votación de la consiguiente moción en la que no se descarta que Vox incluya una nueva reprobación de Marlaska.
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