El Gobierno vasco excarcela al etarra Fiti, responsable de 15 asesinatos
Estrena su competencia en prisiones con terceros grados a ocho etarras, uno ya revocado por la Audiencia
La AVT reclama a la Fiscalía que revise los casos e insiste en que cumplir la ley no es una excepción
La consejera vasca tacha de «guerra de términos» el perdón a las víctimas
Todos los ojos estaban puestos en las decisiones que adoptaría el departamento de Prisiones del Gobierno vasco cuando tocase de verdad ejercer la recién transferida competencia penitenciaria al revisar la situación de los presos de la banda terrorista ETA que, viernes a viernes, han sido acercados a cárceles de su territorio desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y puso fin por la vía de los hechos a la política de dispersión . Pero fue ayer cuando trascendió la primera gran batería de decisiones: Ha concedido el tercer grado a ocho de estos reos , que ya sólo pisarán la cárcel para dormir. Mientras, ha negado el beneficio a otros 26.
La lista de los ocho no ha pasado desapercibida a la Asociación de Víctimas del Terrorismo , que solicitará hoy a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que mire con lupa el cumplimiento de los requisitos que, según las autoridades vascas, se da en todos los perfiles y que justifica la mejora de su situación. Sobre todo en un caso que les resulta especialmente sangrante, el de José María Arregi Erostarbe , o lo que es lo mismo, el 'histórico' de ETA conocido como 'Fiti', que debía permanecer en prisión hasta 2026 por los quince muertos que carga a sus espaldas. Él inauguró la nueva política del Gobierno con los presos de ETA al ser acercado al País Vasco en plena negociación de la investidura. La presidenta de la AVT, Mayte Araluce , respondió al gesto denunciando que el ministro Fernando Grande Marlaska estaba «traspasando todas las líneas rojas». Ahora, Ejecutivo vasco mediante, saldrá a la calle en régimen de semilibertad.
Fiti es el autor del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza que en 1987 dejó once víctimas mortales, buena parte menores de edad ; como también está sentenciado por el atentado contra un autobús militar en la capital maña que segó dos vidas en aquellas mismas fechas, y -ya en 1988- el coche bomba que mató a un hombre y un niño de dos años frente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Su carrera en ETA ha dejado cerca de doscientos heridos y cuantiosos estragos.
A sus 75 años, la Administración Penitenciaria vasca entiende que cumple los requisitos legales para acceder a esta mejora : que se ha desvinculado ya de ETA y ha mostrado un arrepentimiento que se considera creíble . Añaden que ha comenzado ya a pagar cuantías de su responsabilidad civil y se ha comprometido a seguir haciéndolo. Eso sí, de colaboración con la Justicia para esclarecer los 300 crímenes de ETA aún pendientes, no se habla. En una entrevista a 'El Correo', la consejera vasca Beatriz Artolazabal zanjaba sobre este asunto: «La ley penitenciaria no exige que colaboren. Me encantaría que lo hicieran, porque ahí hay aún mucho dolor, pero no es algo que se pueda exigir».
Fiti no es el único de la lista. En las ocho progresiones de grado figura Mikel Arrieta, que también está condenado por delitos de sangre, aunque en este caso el Gobierno vasco se limita a ratificar la semilibertad que ya le otorgó el pasado julio el Ministerio del Interior. Está en prisión desde enero de 2000 y cumple una pena acumulada de 30 años por, entre otros, los atentados en 1982 que acabaron con las vidas de Cristina Mónica Illarramendi Ricci, Agustín Martínez Pérez y Alfonso Maside, en Sestao; y José Aybar Yáñez en Baracaldo.
Junto a ellos, podrá salir de prisión durante el día Egoitz Coto Etxeandía , que lleva en la cárcel desde 2002 y cumple 20 años por asesinato en grado de tentativa, daños y estragos. Se considera que cumple los requisitos.
Fano, revocado en octubre
Llama la atención en la lista el caso de Unai Fano , a quien Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior concedió un tercer grado en enero del año pasado para ver después, en octubre, que la Audiencia Nacional lo tumbaba .
La Sala de lo Penal concluyó que lo suyo no era un «arrepentimiento expreso», sino un escrito estandarizado para mejorar el expediente de cara a la obtención de beneficios. Está ahora en manos de la Fiscalía revisar qué ha cambiado en su situación desde el pasado octubre para que su progresión vuelva a ser una realidad. Fano cumple desde 2008 una condena a 20 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y armas, falsificación y hurto ; es decir, no tiene delitos de sangre.
Tampoco están en el haber de Ignacio Crispín Garcés Beitia , sentenciado a 26 años como miembro del comando Araba por atentado, depósito de armas, amenazas, pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas. Progresa a tercer grado, como José Ángel Lerín , el último jefe que tuvo el comando Donosti antes de ser completamente derrotado en 2007 y que fue sentenciado por pertenencia a banda armada, tenencia de armas, depósito de explosivos y dos delitos de atentado.
Problemas de salud
En la lista de los ocho terceros grados figura igualmente Francisco José Ramada Estévez, condenado a 26 años de cárcel, entre otros delitos, por los secuestros de los empresarios José María Aldaya y Cosme Delclaux . A sus 56 años, presenta problemas de corazón. Según informó 'Naiz', el pasado enero hubo de ser ingresado en la UCI.
Finalmente, figura Ugaitz Pérez Sorriketa , de acuerdo a los datos de la Administración Penitenciaria vasca a los que tuvo acceso ABC. Lleva en la cárcel desde noviembre de 2002 sentenciado a 25 años por desórdenes públicos, incendios, lesiones y daños . Cuando el Ministerio del Interior decidió acercarlo al País Vasco ya destacaba que había aceptado la legalidad penitenciaria y presentado escrito «en el que rechaza el uso de la violencia y se muestra concernido por el daño causado».
Ese supuesto arrepentimiento ha sido clave para la impugnación de las progresiones de grado en la Audiencia Nacional, que ha revertido todos los casos recurridos por la Fiscalía menos uno. Desde la AVT se instará la revisión de estos ocho perfiles porque entienden, contra la tesis del Gobierno vasco, que lo que se ha venido aplicando con ETA no son medidas de excepción sino de legalidad. Exigen que se cumpla la colaboración con la justicia, la satisfacción de las responsabilidades civiles y el arrepentimiento en todos los casos.
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