Dudas con el nuevo decreto de Justicia: «Sin inversión es imposible afrontar la avalancha»
El plan de choque contra el colapso de los tribunales no es fruto del consenso de los colectivos
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Lo dijeron cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto el pasado 28 de abril y lo repitieron ayer: el plan de choque contra el colapso de los tribunales cuando se alce el estado de alarma no es fruto del consenso de los colectivos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia.
Aunque el ministro Campo alude continuamente al acuerdo alcanzado con Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y comunidades autónomas, lo cierto es que jueces, fiscales y funcionarios de Justicia sienten que se han quedado fuera de ese acuerdo, de cuyo contenido no fueron informados en las reuniones que tuvieron con el ministro para abordar reformas de mayor calado, tal y como aseguraron en su momento a ABC.
Solo los abogados y procuradores están algo más calmados con la situación, después de que el CGPJ haya pedido a los jueces que en la medida de lo posible concentren sus vacaciones en agosto y hagan solo señalamientos urgentes.
Jorge Fernández Vaquero , portavoz nacional de Francisco de Vitoria, la segunda asociación judicial en número de afiliados, reconocía ayer que es necesario poner en marcha un «plan especial y urgente para reactivar un servicio tan importante como la Justicia». Sin embargo, este plan no incluye, dice, «medidas concretas y eficaces para hacerlo factible».
«Por mucho que los jueces y todos los profesionales de la Justicia nos esforcemos más que antes todavía, sin la más mínima inversión e ignorando las propuestas de quienes tenemos que hacer ese esfuerzo añadido, es imposible que podamos afrontar la sobrecarga que ya arrastrábamos desde hace años y ahora encima con la avalancha que provocará la crisis sanitaria».
Señala que «todo el mundo coincide en que, sin inversión y sin consenso, como llevamos semanas advirtiendo los sectores implicados y como hoy han vuelto a poner de manifiesto casi todos los grupos políticos, es imposible poner en práctica este plan, algo que perjudicará a los profesionales y sobre todo a los usuarios de la Justicia».
Los funcionarios que prestan sus servicios en esta administración tampoco ven realista el plan de Campo y hay preocupación por un plan de desescalada ante el que creen que los órganos judiciales no están preparados para mantener las condiciones de seguridad necesarias en aras de evitar contagios. Ignoran también cómo se pretende agilizar los procedimientos con dos turnos (mañana o tarde) si se está contando con el mismo personal, aunque dividido.
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