Ciudadanos, en contra del plan de Justicia, aleja un apoyo estable a Pedro Sánchez
El Gobierno saca adelante el real decreto ley gracias al apoyo de ERC
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Inés Arrimadas se esfuerza estos días en explicar que el apoyo que brindó a Pedro Sánchez la semana pasada para la cuarta prórroga del estado de alarma no es el inicio de un idilio entre Ciudadanos (Cs) y el Gobierno . La líder de los liberales aseguró por la mañana en una entrevista en Antena 3 que su partido funcionará «votación a votación», y horas después lo demostró su grupo parlamentario al rechazar el real decreto ley defendido por el ministro de Justicia , Juan Carlos Campo .
Las expectativas de un respaldo estable al Gobierno son complicadas en Cs, sobre todo por la enorme distancia que les separa de los postulados de Unidas Podemos . Precisamente, aunque el partido está abierto a negociar los Presupuestos Generales del Estado , la línea roja está en las medidas «populistas» que pueda introducir en ellos el vicepresidente Pablo Iglesias .
Cs negoció con el Gobierno condiciones para respaldar la prórroga del estado de alarma y votó a favor de ella; pero no consiguió ayer que el Ejecutivo puliese las «graves deficiencias» del decreto de Justicia, por lo que no dudó en apretar el botón rojo. Esa será la manera de proceder, pero lo cierto es que dibuja un escenario prometedor para el Ejecutivo.
Ayer fue ERC quien sí votó a favor del decreto, lo que llevó al Ejecutivo a recuperar la mayoría de la investidura de Sánchez. Con la predisposición de Cs para la negociación, al presidente se le abren dos caminos a explorar.
Con Cs prolongó su mando único, y ayer con ERC Campo sacaba adelante el decreto de medidas urgentes para hacer frente al colapso que se espera en los Tribunales cuando se levante el estado de alarma. Trámites de urgencia para determinados procedimientos, especialización de juzgados, un mes de agosto hábil en todas las jurisdicciones y turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales son algunas de las medidas que contempla este plan que Campo atribuye al consenso, pero que no contenta a quienes tienen que ponerlo en práctica.
Bal, a Campo: «Le invito a que baje de su coche oficial y entre en un juzgado para ver cómo se trabaja»
Se esperaba un debate bronco, y uno de sus protagonistas fue precisamente Edmundo Bal quien acusó a Campo de vivir a espaldas de los juzgados. El portavoz de Justicia de Ciudadanos negó que en torno a este decreto exista el consenso del que el ministro alardea y le acusó de haber «enfadado» a todos los colectivos que trabajan en esta administración. «Le invito a que baje de su coche oficial, entre en una oficina judicial y vea cómo se trabaja», dijo el diputado.
Como los portavoces de otros grupos, Bal calificó el plan del ministro de un brindis al sol, pues «los problemas de la Justicia se resuelven con dinero». Se mostró, además, especialmente crítico con el hecho de que se haya habilitado parte del mes de agosto en todas las jurisdicciones, una de las medidas más conflictivas del decreto, pero que ha quedado descafeinada tras «recomendar» el Consejo General del Poder Judicial a los jueces y magistrados que en la medida de lo posible concentren sus vacaciones en ese mes y eviten señalamientos que no sean urgentes. «¿Usted de verdad cree que habilitar veinte días de agosto va a resolver el problema de la justicia?» , le interpeló al ministro. «Es ridículo».
Críticos con este real decreto también fueron Vox y el Grupo Popular . Desde el primero, José María Sánchez García desmintió que esas medidas previstas en esa norma sean fruto del consenso, como había dicho el ministro minutos antes, cuando proclamó que este «no es un decreto del Ejecutivo, sino de todo el sector de justicia». Y le acusó de intentar modificar a través de un real decreto cuestiones que no pueden ser reguladas por esta vía, como la especialización de los juzgados, competencia del órgano de gobierno de los jueces.
Por su parte, desde el Grupo Popular, Carlos Rojas reconoció que el ministro dialogó con los representantes de Justicia de las comunidades autónomas, pero lo que llevó luego al Consejo de Ministros no fue lo hablado, dijo. Los populares intentaban así salvar la contradicción que supone que consejeros de Justicia de su partido apoyaran estas medidas de agilización y Génova no lo haga. El diputado reprochó al Gobierno «la catarata de normas» que ha aprobado en las últimas semanas –«el estado de alarma no puede generar alarma en nuestros derechos»– y afeó al ministro que no defienda a la Justicia de los ataques del vicepresidente Iglesias. Por segunda vez en cinco meses, el CGPJ aprobó una declaración institucional pidiendo respeto a la independencia judicial. «Si no riega el respeto que se ha ganado en su trayectoria profesional, ese respeto se secará», advirtió el diputado a Campo, en alusión a su condición de juez.
Minutos antes, el ministro había pedido a los grupos parlamentarios «responsabilidad y lealtad» para convalidar un plan que tildó de «crucial» para la justicia, el «primer peldaño» de su proyecto de renovación y reactivación de una administración de justicia que tiene que estar por encima, defendió, de «intereses partidistas». «Esta es una norma que necesitamos todos para hacer frente a esta crisis, una norma que necesita el conjunto de la ciudadanía», señaló el ministro.
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