El consejero de Educación con Cifuentes reconoce «reiteradas llamadas» al rector sobre el máster
Asegura que era parte de sus «competencias» recabar la documentación sobre el caso
Tres testigos señalan que la funcionaria que cambió las notas no estaba facultada para ello
El exconsejero de Educación bajo gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha reconocido ante el tribunal que la juzga por falsedad documental, que cuando saltó el escándalo sobre irregularidades en su máster realizó «reiteradas llamadas» al rector de la Universidad Rey Juan Carlos para recabar la documentación que decía tener al respecto.
Van Grieken es uno de los doce testigos de relevancia para la acusación que prestan declaración en la sesión de este lunes, para esclarecer si como sostiene la Fiscalía, Cifuentes maniobró para aplacar aquella crisis provocando que en la Rey Juan Carlos se fabricase un acta falsa para justificar que presentó un trabajo de fin de master y fue aprobada con un notable por un tribunal.
El exconsejero, que ahora es catedrático, precisamente, en la Rey Juan Carlos, ha explicado que la primera comunicación con el rector Javier Ramos se produjo la noche anterior a la publicación, cuando recibió un mensaje suyo y quedaron en hablar al día siguiente. «Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo», ha señalado.
En la misma línea, ha reconocido que volvió a llamar al rector tras la rueda de prensa en la que Ramos dio explicaciones y aseguró que contaban con la documentación acreditativa de que no había irregularidades.
«Era un tema importante y había que hacer acopio de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación», ha señalado, para destacar que tardaron «tres horas» en enviarle los papeles entre los que constaba ese acta que ha resultado ser falsa.
«La documentación en general»
«Yo lo que solicito de forma reiterada es la documentación en general, la documentación en la que ellos se han basado, aquello que supuestamente tenían durante la rueda de prensa que dieron», ha declarado, para reivindicar que en esa gestión, estaba en su papel: «Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública. Era absolutamente de mi competencia el preguntar y el indagar».
En línea con lo declarado por la propia Cifuentes, ha señalado cuando finalmente recibió la documentación, le pareció «lógico» que el rector hubiese buscado el acta y se la hiciese llegar. « Confié en la legitimidad y le daba total credibilidad al recto r. No tenía ninguna duda de que se había comprobado que era la verdad», ha apostillado.
En cuanto al papel de Maite Feito, que era asesora en su consejería y de quien la Fiscalía presume que hizo de nexo entre los intereses de Cifuentes y la universidad en aquella crisis, Van Grieken se ha desmarcado del papel que ella pudiera jugar . «Yo no envío a la señora Feito», ha asegurado, para añadir que no puede decir qué hacía ella en este asunto.
Sin embargo, el catedrático Pablo Chico, el mismo por el que según la declaración de la funcionaria Amelia Calonge, se cambiaron en 2014 las notas de Cifuentes de un «no presentado» a un «notable» en una de las asignaturas de su máster, sí ha apuntado a Feito. Para empezar, porque según su relato, el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ya le dijo la noche antes de que se publicase la información que hablase con ella.
« A mi me pide Feito que necesita una aclaración del tema y yo entiendo que tengo que mandárselo porque es ella quien me lo pide», ha apuntado. Le dijo que habría «una rueda de prensa que tiene que dar la señora presidenta y necesita esa aclaración», ha apuntado.
El cambio de las notas
En otro momento de su declaración ha sido más preciso, sobre los términos de esa petición de aclaraciones a la que se vio «obligado». «Con total seguridad el mensaje es que ella quería resolver este problema para la Comunidad de Madrid. Eso me quedó meridianamente claro y por eso se lo envié a ella y con copia al rector porque esa misma noche me había pedido que me pusiera en contacto con ella», ha declarado.
En su caso, se refería al cambio que sufrieron las notas de Cifuentes cuando en 2014 solicitó el título de aquel master que había cursado dos años antes. La funcionaria que perpetró la modificación, Amelia Calonge, se había presentado la mañana de la crisis en el despacho del rector asegurando que cambió la nota por orden de Pablo Chico .
En su testifical de este lunes, Calonge ha insistido en esta versión: «Me dijo que había un problema. Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad», ha zanjado. Sin embargo, el rector apuntó la semana pasada que ella no tenía competencias para realizar ese cambio y Chico este lunes ha negado la mayor, llegando a señalar que la funcionaria estaba faltando a la verdad.
Según su perspectiva, la funcionaria le llamó en 2014 y le hizo saber que una alumna alegaba haber cursado una asignatura que constaba como no presentada. Él hizo la comprobación en su propia documentación -«una tabla que me hago yo»- y constató que la alumna tenía un notable. Así se lo hizo saber a Calonge a efectos informativos, pero el cauce que debía seguir el procedimiento era otro.
«Esta persona por su cuenta y riesgo y sin tener firma ni competencia para ello no se le ocurre otra cosa que de forma arbitraria hacer una modificación. Esa información yo la desconocía. Yo lo que hice es facilitar efectivamente el dato académico. Tengo muy claro que esta persona no actúa de buena fe», ha añadido.
El acta del TFM no estaba en la rueda de prensa
Ha sido relevante asimismo para la acusación la testifical de José Antonio Lobato, el número dos de los posgrados en aquella época y a quien recurrió el rector cuando el 21 de marzo saltó el escándalo. Le pidió, conforme ha señalado, que recabase la documentación del expediente de Cifuentes. Él le entregó una carpeta en la que «no constaba» el acta del TFM de la expresidenta . Tampoco el mail con el que, según Calonge, Pablo Chico instó la modificación de las notas.
Entre los testigos que han desfilado ante la juez, la jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos de la universidad Victoria Vilches ha afirmado que Amalia Calonge no estaba autorizada en modificar las notas de los alumnos, ya que había cesado de su cargo en la secretaría del Campus de Móstoles y en esos momentos trabajaba en el registro de Alcorcón. «Me sorprendió mucho que tuviera acceso y lo comuniqué al vicerrector», ha recalcado, informa Ep.
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