Anticorrupción interroga al hermano de Ayuso por el contrato de mascarillas

La Fiscalía tomó declaración también a media docena de funcionarios sobre la contratación de 1,5 millones de euros

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El hermano mayor y empresario de Díaz Ayuso, el arma contra la presidenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Guillermo Navarro / Vídeo: EUROPAPRESS

Isabel Vega

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Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha prestado declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la adjudicación de 1,5 millones de euros para compra de mascarillas a la empresa que regenta un amigo de ambos, Priviet Sportive.

Según informaron en fuentes conocedoras de la investigación, Tomás Díaz Ayuso pasó por la Fiscalía Anticorrupción la semana del 6 de abril, cuando el fiscal jefe Alejandro Luzón, que lleva en persona las pesquisas, le tomó declaración para esclarecer si jugó algún tipo de papel en aquella adjudicación y por qué facturó a la empresa después del contrato.

La versión de la presidenta regional es que su hermano cobró de la mercantil que administra Daniel Alcázar 55.850 euros pero no por conseguir el contrato con la administración madrileña, sino por gestionar la llegada de las mascarillas desde China hasta el Pabellón 10 de Ifema, donde fueron almacenadas para su distribución.

Tomás Díaz Ayuso compareció en la misma tanda de declaraciones en que el fiscal interrogó al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Tal y como informó ABC, defendió la legalidad de la adjudicación y explicó que fue un organismo dependiente de su consejería, el Servicio Madrileño de Salud, quien hizo la compra. Se produjo por la vía de emergencia, es decir, sin concurso ni publicidad, como estaba amparado por el Estado de alarma. Una vez se había materializado, el contrato pasó por el Consejo de Gobierno para su toma de conocimiento, pero no antes.

Media docena de funcionarios

Además, en esas sesiones prestaron declaración media docena de funcionarios, de acuerdo a las fuentes consultadas, que fueron interrogados sobre los pormenores del contrato y el sistema de adjudicación. Los interrogatorios fueron breves, en algunos casos de duración inferior a diez minutos, y de carácter técnico.

Anticorrupción abrió diligencias para investigar este asunto a raíz de las denuncias que interpusieron los grupos de Más Madrid, PSOE y Podemos en la Asamblea cuando trascendió que la presidenta regional había sido víctima de una trama de espionaje en su propio partido que tenía como epicentro la sospecha de que su hermano se podía haber beneficiado de aquel contrato.

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