La ampliación de las declaraciones dilata la imputación de Barberá en el caso Taula
Las comparecencias de los investigados no finalizarán hasta marzo
La actual tanda de declaraciones en el marco de la investigación del supuesto blanqueo de capitales en el PP de Valencia tiene calendario señalado hasta el próximo 24 de febrero . Pero la posibilidad de que existan nuevas citaciones de imputados -por el momento son 49- podría extender estas comparecencias hasta la primera semana de marzo, según fuentes cercanas al caso.
La ampliación de las citaciones no es baladí, puesto que condiciona absolutamente que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá , fuera llamada a declarar como imputada, un proceso más complejo debido a su condición de aforada al ser senadora.
Una vez tomadas todas las declaraciones pertinentes, el juez instructor, Víctor Gómez, tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (vistos los indicios de delito) para que este decida si asume el asunto. El hecho de que ya haya decidido abrir una pieza separada «facilita» que esto suceda a nivel práctico y la explicación ya se está preparando, según publicó el digital Valencia Plaza.
En el caso de que el TS decidiera seguir adelante, plantearía un suplicatorio al Senado . Allí se cumpliría con el reglamento que existe al respecto, según el cual el presidente lo recibiría y lo remitiría a la Comisión de Suplicatorios. Aunque el PP cuenta con mayoría en la Cámara Alta, no podría rechazar la concesión aunque quisiera, puesto que de acuerdo con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional, la negativa a otorgar la autorización sólo puede producirse en caso de que, hecha la acusación penal, se percibiera en la querella un intento de alterar la composición del Senado o su funcionamiento.
El procedimiento
La comisión procedería a llamar a Barberá para escuchar su razonamiento y emitiría un dictamen en el plazo máximo de un mes. Posteriormente, su debate sería incluido en el orden del día del primer pleno ordinario que se celebre (este punto, en cualquier caso, sería tratado en sesión secreta). Una vez hubiera acuerdo, el presidente del Senado daría traslado del mismo al Tribunal Supremo en el plazo de ocho días. El TS, una vez recibido, ya podría llamar a declarar a Barberá .
Los tiempos de todo este procedimiento son difíciles de prever, dado que se parte del supuesto de que la exalcaldesa de Valencia no renuncie al acta en ningún momento, como parece que va a proceder, según tiene asumido el PP.
Además, todo depente de los plazos que se marque el juez. Lo lógico parecer ser que el instructor elevara la exposición al Supremo a finales de marzo, una vez finalizadas las declaraciones y estudiadas todas las pruebas. Aun así, la jurisprudencia indica que no se realice a la ligera, solo cuando la investigación esté madura y los indicios tengan consistencia. «Podría ser antes o después, puesto que no importa la fecha sino que la exposición esté bien fundada», apuntan fuentes conocedoras del proceso.
Mientras esto sucede, continúan las comparecencias de los concejales investigados. La separación de la pieza, la opción más lógica, supone que el supuesto blanqueo de capitales quede desligado de la trama relacionada con las actuaciones en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, la Fundación Jaume II o la Concejalía de Cultura.
De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y este lo «lavaba» por distintos procedimientos, entre ellos el de devolver a los ediles y asesores los donativos en sobres con billetes de 500 euros . La investigación apunta a que sólo en la campaña de las pasadas elecciones municipales se blanquearon 50.000 euros.
La exsecretaria del grupo municipal del PP de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada presuntamente la mano ejecutora del reclamo de estos donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación. Ahora falta por ver la implicación de Barberá en todos estos hechos.
El instructor también ha prolongado el secreto de sumario, conforme informó ABC, hasta el próximo 14 de marzo para continuar con la investigación de una causa que ya suma ochenta imputados por presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y ha ordenado el bloqueo de diversas cuentas de personas investigadas.
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