TRIBUNALES
El juez abre una pieza separada para investigar el blanqueo en el PP de Valencia
La decisión supone una agilización del proceso y facilitaría la imputación de los aforados como Rita Barberá
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia encargado del caso Imelsa ha decidido abrir una pieza separada para investigar el supuesto delito de blanqueo de capitales por parte del grupo del PP en el Ayuntamiento de la ciudad.
Ello agilizará el proceso y facilitaría la imputación de los aforados : el exconcejal Miguel Domínguez, ahora diputado en las Cortes Valencianas, y la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá. De hecho, fuentes conocedoras del caso apuntan que «lo que está claro es que todo el que aparezca como posible implicado será citado a declarar como investigado ».
De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos . Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros . La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se blanquearon a través de este procedimiento 50.000 euros.
La trama ponía como condición para devolver los donativos que el dinero no se ingresara en cuentas bancarias . Los investigadores han constatado que algunos concejales gastaron el efectivo en compras en grandes almacenes. La ya exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación.
Secreto de sumario
El instructor también ha prorrogado el secreto de sumario , conforme ha informado este martes ABC , hasta el próximo 14 de marzo para continuar con la investigación de una causa que ya suma ochenta imputados por presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
El proceso se dilata para seguir estudiando todas las pruebas , sobre todo debido a los numerosos registros (hasta 33) que se realizaron el pasado mes en lugares como el Ayuntamiento de Valencia; el club deportivo Olímpic de Xàtiva; la mercantil pública Ciegsa; la empresa de comunicación Engloba; la Fundación Jaume II; o domicilios como el del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.
El instructor interviene, asimismo, inmuebles y vehículos y ordena el bloqueo de productos bancarios de los investigados para su comiso en caso de condena.
La actual tanda de declaraciones de investigados -hay calendario señalado hasta el próximo 24 de febrero- se prolongará muy probablemente hasta la primera semana de marzo . Para ésta están previstas las de varios asesores y concejales del Consistorio .
Estas últimas decisiones del juez condicionan la situación del PP en el Ayuntamiento, ya que los ediles imputados -nueve de los diez- se aferraban a la esperanza de que el levantamiento del secreto de sumario evidenciara su «inocencia» y así el partido no les pediría el acta. La exigencia por parte de la dirección regional iba a ser ésta si continúan como investigados (y así lo esperan casi con toda probabilidad) o pasar a ser no adscritos .
Pero este martes la líder del PPCV, Isabel Bonig, ha precisado que s í que acudirán al pleno de este mes como concejales y que Eusebio Monzó asumirá la portavocía de forma provisional .
La decisión judicial también supone que la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos en el Consistorio no se inicie hasta que no se levante el secreto de sumario . Mientras, el viernes se celebará la Junta Directiva Regional en la que se constituirá la gestora que tomará las riendas del partido en la ciudad después de que su dirección fuera disuelta. Bonig no ha desvelado quién la presidirá, aunque podría inclinarse por el diputado Luis Santamaría. El resto de miembros procederá de las bases que «no necesiten la política para vivir».
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