La prórroga del secreto de sumario del caso Taula complica el plan de refundación del PP en Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia encargado del caso Taula ha decidido prorrogar el secreto de sumario hasta el próximo 14 de marzo para continuar con la investigación de una causa que ya suma ochenta imputados por presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. El proceso se dilata para seguir estudiando todas las pruebas, sobre todo debido a los numerosos registros (hasta 33) que se realizaron el pasado mes en lugares como el Ayuntamiento de Valencia; el club deportivo Olímpic de Xàtiva; la mercantil pública Ciegsa; la empresa de comunicación Engloba; la Fundación Jaume II; o domicilios como el del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

Además, la actual tanda de declaraciones de investigados -hay calendario señalado hasta el próximo 24 de febrero- se prolongará muy probablemente hasta la primera semana de marzo.

Tras estas comparecencias, la opción lógica pasaría por que el supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en Valencia se instruyera en una pieza separada, según fuentes de la investigación. Ello facilitaría la imputación de los aforados: el exconcejal Miguel Domínguez , ahora diputado en las Cortes Valencianas, y la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá . En este sentido, fuentes conocedoras del proceso apuntan que «lo que está claro es que todo el que aparezca como posible implicado será citado a declarar como investigado».

Esta decisión del juez condiciona la situación del PP en el Consistorio , ya que los concejales imputados -nueve de los diez- se aferraban a la esperanza de que el levantamiento del secreto de sumario evidenciara su «inocencia» y así el partido no les pediría el acta.

Pero los tiempos judiciales y los políticos no van a la par y la presidenta regional de los populares, Isabel Bonig , cuenta con poco margen. La exigencia es clara: cuando todos los ediles hayan declarado (el último lo hace mañana) y sigan como investigados, tendrán que renunciar o pasar a ser no adscritos. Por ahora no han hecho oficial sus posiciones a la espera de la reunión con Bonig a finales de esta semana, pero únicamente dos de ellos han mostrado su disposición a marcharse, lo que dejaría al PP como una fuerza sin apenas representación. La decisión judicial también supone que la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos en el Consistorio no se inicie hasta que no se levante el secreto de sumario. Mientras, el viernes se celebará la Junta Directiva Regional en la que se constituirá la gestora que tomará las riendas del partido en la ciudad después de que su dirección fuera disuelta. Bonig no ha desvelado quién la presidirá, aunque podría inclinarse por el diputado Luis Santamaría. El resto de miembros procederá de las bases que «no necesiten la política para vivir».

En cuanto a la situación de Barberá, Bonig insistió ayer en que debe dar explicaciones y que «sabe de la importancia del proyecto» para tomar una decisión. La exalcaldesa no asistió a una cita de diputados y senadores convocada por el PPCV.