Alcoa entra en la campaña

Apenas un mes antes de que se iniciase la carrera hacia el 12-J, Alcoa confirmaba los peores temores de la plantilla de San Cibrao. La multinacional anunciaba su intención de deshacerse del 85% de la plantilla (534 trabajadores) y de poner fin a la producción de aluminio primario en España. El cierre de la factoría ha marcado buena parte de la agenda política de los candidatos a la presidencia de la Xunta en la precampaña y volverá a ser tema recurrente en las jornadas previas a la cita con las urnas.

Hubo que esperar al primer día de campaña para que el Gobierno central realizase el primer gesto en firme con la plantilla. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un fondo de 200 millones de euros anuales, con el que se avalará la realización de contratos bilaterales entre las industrias electrointensivas y las compañías energéticas. El plan es que a través de estos instrumentos se acuerde un precio a largo plazo y que la industria se abastezca mediante fuentes renovables, abaratando los costes energéticos que lastran a compañías como Alcoa.

En la primera reunión para abordar el futuro de la planta de A Mariña lucense, celebrada a principios de junio, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, prometió que el visto bueno a los 200 millones de euros la semana siguiente. Pero la medida se retrasó hasta el inicio de la campaña gallega. En la rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo central, la ministra portavoz, María Jesús Montero, volvió a prometer que el estatuto para las industrias electrointensivas estará listo en «semanas». El borrador del documento lleva meses en el cajón, pero podría desempolvarse también coincidiendo con el periodo electoral.

La provincia de Lugo fue también el escenario elegido por el candidato socialista, Gonzalo Caballero, para su primer día de campaña. Primero dio un paseo por la capital y después se reunión con los alcaldes de A Mariña. El cierre de Alcoa supondrá un duro golpe para la zona; junto con la planta de alúmina -que no está amenazada de cierre-, la factoría supone el 30% del PIB de la provincia. El PSdeG escenificó que está dispuesto a llegar donde sea necesario para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Incluso hasta que el Estado se haga cargo de la planta como reclama el comité de empresa. «Si la intervención pública es necesaria, me comprometo como presidente de la Xunta a contribuir con el Gobierno de España para intervenir la factoría », aseguró. Por el momento, desde el Ministerio de Industria no contemplan la intervención pública como alternativa. Caballero se abría así a la nacionalización de la empresa, que en la campaña para las generales del 10-N había rechazado su número dos, Pablo Arangüena. En un debate en la TVG con la ahora ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ferrolana reclamaba en esa ocasión la intervención para las plantas de La Coruña y Avilés, que tras el anuncio de cierre de Alcoa finalmente fueron adquiridas por el fondo suizo Parter. «¿Pero cuál es el plan? -interrumpió Arangüena-. ¿Rescatar el Gobierno todas las empresas en problemas?».

El cruce de acusaciones entre la Xunta y el Gobierno central al respecto de quién es el responsable de la situación en la factoría también ha sido constante en los últimos meses y se prevé que continuará hasta el 12 de julio . El gabinete de Feijóo lleva tiempo reprochando al estatal que no haga nada para abaratar los costes eléctricos a las electrointensivas. Desde Madrid le responden pidiéndole «lealtad» y que apoye al Ejecutivo en la búsqueda de soluciones, primero para las factorías de La Coruña y Avilés y ahora para San Cibrao. En Galicia la oposición trata también de recordar que la administración autonómica es la que tiene las competencias en industria y debería mover ficha para aportar soluciones. Caballero incidió el viernes en la misma idea y acusó a Feijóo «de no hacer nada» en 11 años en política industrial.

Los próximos 15 días pueden ser decisivos para el futuro de A Mariña lucense . Si Alcoa no se abre a la venta de la planta -según Caballero hay dos inversores interesados- y el Gobierno no la interviene, en menos de un mes Alcoa podría cerrar la negociación del ERE y ejecutar los 534 despidos.