La próxima batalla del campo español: Cómo repartir los 47.682 millones de euros de la PAC 2021-2027
Este lunes se reúne en el Ministerio de Agricultura el Comité Asesor Agrario, en el que Planas presentará a las organizaciones agrarias sus propuestas para distribuir las ayudas directas y al Desarrollo Rural
Una vez cerrado el acuerdo en Bruselas este martes, que daba luz verde al fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros para paliar los efectos del Covid-19 y a un presupuesto comunitario de 1,074 billones de euros para el periodo 2021-2027, se ha abierto para el campo español la siguiente batalla: cómo distribuir los 47.682 millones de euros, que le corresponderán a España en la nueva Política Agraria Común (PAC), y que España quiere complementar a través de otros instrumentos vía Presupuestos. Por el Ministerio de Agricultura pasaron el jueves los consejeros de las comunidades autónomas y este lunes es el turno de las organizaciones agrarias, a quienes el ministro Luis Planas expondrá sus propuestas en la reunión del Comité Asesor Agrario.
La nueva PAC representará una inyección anual para el sector primario español de 6.800 millones de euros durante los próximos seis años. En total, en todo periodo 2021-2027 se percibirán 47.682 millones de euros. De este montante, al Pilar I (medidas de mercado y pagos directos al agricultor) irán destinados 39.156 millones de euros (34.181 millones, solo en ayudas directas) y el Pilar II (desarrollo rural) tendrá una dotación total de 8.526 millones (7.776 millones más 750 millones de Fondo de Recuperación). Solo de las ayudas directas a los productores se vienen beneficiando unos 700.000 perceptores, de los que unos 300.000 serían pequeños agricultores.
Planas ya ha puesto sobre la mesa su calendario (enlace) con la previsión de enviar a Bruselas un primer borrador del Plan Estratégico en abril del año que viene y tener un texto definitivo para su aprobación a inicios de 2022 . La meta es que en 2023 se pueda aplicar en su plenitud la nueva PAC. Además aprovechó el encuentro con sus homólogos autonómicos para exponer su hoja de ruta (enlace): definición del «agricultor genui no» en una horquilla de entre el 20% y 30% de los ingresos totales con origen en la actividad agraria, un régimen especial para pequeños agricultores con pagos anuales de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones de entre 6 y 10 hectáreas; topes de 100.000 euros anuales por beneficiario y la apuesta por la agricultura ecológica o los denominados «ecoesquemas».
«Planteamientos serios»
Para el presidente de Asaja , Pedro Barato, hay que «hacer planteamientos serios y que se puedan llevar a efecto, para que no sobre ni un duro». En este sentido, ha lamentado que en muchas ocasiones se hable mucho «y no se concrete, sobrando dinero del que nos da Bruselas». Según datos de la Comisión Europea , a 1 de enero de 2020, España solo había gastado de forma efectiva el 33% de los Fondos de Cohesión para el periodo 2014-2020. Es decir, sobre un total de 56.367,3 millones de euros - cofinanciado en un 70%/30% por las autoridades comunitarias y españolas- solo se había ejecutado en la práctica 18.707,1 millones.
Barato ha apuntado que las ayudas de la nueva PAC deberían centrarse en materias como la digitalización, la maquinaria y los regadíos, la España vaciada, el relevo generacional o las mujeres sin cuota «con eficacia en lo que se propone en el mundo rural». En esta línea, se ha mostrado a favor de que existan «mecanismos de cadena alimentaria de verdad» que permitan la trazabilidad y la transparencia. «El sector agrario tiene derecho a tener un resultado digno por los productos que está poniendo en la mesa de los consumidores», ha concluido.
De cualquier forma, el máximo responsable de Asaja ha rechazado la existencia de topes en las ayudas directas, ya que a su juicio países como Alemania «se lo van a saltar» por su mejor situación financiera complementándolas en base a criterios como la mano de obra de las explotaciones. Por este motivo, Barato ha exigido las mismas reglas para todos. Sobre la intención de Planas de crear un régimen especial para los pequeños agricultores, ha añadido que «todo lo que sea aclarar y beneficiar al pequeño agricultor , que no es lo mismo que al pequeño propietario, beneficia a todos». Sobre la agricultura eco ha concluido que a algunos sectores como el del olivar les puede venir bien, siempre que hay dinero y flexibilidad.
«Un reparto más justo de las ayudas»
Más próximo a las propuestas de Planas se ha mostrado el secretario general de UPA , Lorenzo Ramos, quien ha asegurado que «suenan bastante bien, ya que parece que se quieren resolver situaciones que consideramos injustas», aunque se muestra prudente hasta conocer todos los detalles.
Sobre cómo se deberían repartir los 47.682 millones de euros de la próxima PAC, Ramos ha apostado por «un reparto más justo de las ayudas, que vayan a quien debe» y denuncia que ministros anteriores ignoraron el criterio de las organizaciones agrarias como la suya procediendo a «un reparto de sobres» entre las autonomías. En esta línea, ha pedido revisar cuestiones como los denominados «derechos históricos» que ha permitido mantener el nivel de transferencias de ciertos beneficiarios durante décadas. Al contrario que Asaja se ha mostrado partidario de poner un techo a las ayudas, y de «favorecer a las primeras hectáreas del primer cultivo» , así como que no haya diferencias en la percepción de las ayudas dependiendo del sector y la región.
También desde Unión de Uniones han acogido positivamente los planteamientos iniciales de Planas, especialmente la intención de ligar la definición de «agricultor genuino» con un mínimo de rentas agrarias. En un comunicado, esta organización agraria ha criticado que la actual fórmula «no ha servido de filtro» y añadido que la mayoría de los 173.000 beneficiarios , que han salido del sistema son perceptores de cantidades menores de 300 euros. y el topo de 100.000 euros de ayudas por explotación. Para esta organización agraria, este elemento junto al tope máximo de 100.000 euros por explotación son elementos esenciales para «reequilibrar» los pagos.
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