Los municipios deben auditar ya las cuentas de hasta 4.325 entes públicos
Un decreto de 2017 les obliga a hacer a partir del próximo 1 de enero el primer control financiero del sector público local con las cuentas de 2019
A la Administración local le ha llegado el momento de poner luz y taquígrafos sobre su maraña de organismos, fundaciones y empresas públicas. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2017 un decreto que regula el control interno del sector público local y que obliga a auditar anualmente los entes dependientes de los 12.983 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y mancomunidades. La norma daba de plazo hasta el 1 de enero de 2019 para hacer la primera auditoría , así que es ahora cuando los interventores municipales deben analizar las cuentas de hasta 4.325 entes dependientes de la Administración local.
Lo que hace la norma es dotar a los municipios de un régimen de control interno (función interventora, control financiero y auditoría pública) equiparable al que ya existe en la Administración central y en las comunidades autónomas con el fin de imponer un control económico-presupuestario más riguroso en el ámbito local.
Con ello se persigue comprobar que la gestión de los entes locales se ajusta a los principios de buena gestión financiera y que el uso de los recursos públicos es eficaz, eficiente y transparente y cumple con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El salto, además de cualitativo, es cuantitativo: a día de hoy solo el 5,8% de las entidades locales son auditadas , según la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (Fiasep).
Como parte de ese control interno, los interventores locales deberán llevar a cabo un control financiero de las entidades dependientes mediante la auditoría pública, trabajo que incluye una auditoría de cuentas; una auditoría de cumplimiento , que comprueba que la actividad se ha desarrollado según las normas, y la auditoría operativa , que verifica la racionalidad, eficacia y eficiencia de la gestión económica-financiera.
Este control se aplicará a los 895 organismos autónomos que dependen de la Administración local, sus 57 entidades públicas empresariales, 526 consorcios, 1.664 sociedades y empresas públicas, 514 fundaciones y 620 asociaciones públicas locales.
Firmas privadas
La auditoría de cuentas deberá verificar si las cuentas anuales de esos entes dependientes representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios correspondientes.
Los interventores municipales, responsables últimos de este control interno, deberán garantizar el control efectivo del 100% del presupuesto general consolidado del año en la modalidad de función interventora, y alcanzar un control del 80% del presupuesto general consolidado en la modalidad de control financiero, y al cabo de los tres ejercicios, el 100%. Para llevar a cabo este trabajo, y en caso de necesitarlo para garantizar el nivel suficiente de control, estos funcionarios podrán contratar a firmas privadas de auditoría.
En este sentido, antes de final de año aquellos municipios que vayan a recurrir a esa colaboración ya deberían haber dotado la correspondiente partida presupuestaria y convocado la licitación. El uso de auditores externos privados, en todo caso, está siendo muy desigual, dado el reducido tamaño de la inmensa mayoría de las administraciones locales.
Además, y según varias fuentes del sector auditor, los pliegos de muchos de esos concursos públicos convocados por los ayuntamientos no especifican de forma pormenorizada el trabajo a realizar , y se refieren únicamente a las generalidades que contiene el real decreto que impone estas auditorías. Esto dificulta el cálculo del número de horas necesarias para llevar a cabo esos trabajos, clave para las auditoras. Además, hay una fuerte rebaja en los honorarios , lo que va en contra de la calidad del trabajo auditor. Todo esto, según explican en el sector, hace que esos concursos sean poco atractivos para las firmas privadas de cierto tamaño.
Trabajo previo
«El planteamiento del decreto es el correcto, pero la implantación no» , señala el presidente del Comité de Auditoría del Sector Público del Registro de Economistas Auditores (REA) y presidente del REA+REGA en Cataluña, Emilio Álvarez, quien recuerda que, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, ni siquiera se ha dado la formación necesaria a los interventores.
Como paso previo a todo ello, a fecha del pasado 1 de julio los ayuntamientos ya debían haber elaborado un plan de auditoría, un plan de formación a interventores y un análisis del nivel de control de las entidades locales, entre otros requisitos.
La norma obliga al órgano interventor a elaborar un plan anual de control financiero en el que se especifique las actuaciones de control permanente y auditoría pública a hacer durante el ejercicio. En él se fijarán objetivos que se pretendan lograr, prioridades establecidas para cada año y medios disponibles.
Más allá de la auditoría de cuentas, la colaboración de firmas privadas será también relevante en la auditoría operativa que exige la normativa del control interno, y que analiza la eficacia y eficiencia en la gestión pública, práctica hasta ahora poco habitual en el sector público. Para ello, es necesario fijar objetivos e indicadores y hacer una planificación previa . Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso señalan que el trabajo previo hecho hasta ahora por las administraciones afectadas por esta norma es muy escaso,
El real decreto de control interno del sector público local no establece un plazo para entregar esa auditoría , aunque los ayuntamientos, conforme a la ley de las Haciendas Locales, deben depositar la cuenta general antes del 15 de octubre de cada año en el Tribunal de Cuentas. «El porcentaje de aplicación en pequeños y medianos ayuntamientos será bajo el primer año», vaticina Álvarez
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