El Gobierno evita la caída de la ley de vivienda con un acuerdo de última hora con ERC

Los soberanistas facilitan la tramitación parlamentaria del anteproyecto tras acordar con el Ejecutivo que no invadirá competencias autonómicas y tumbar las enmiendas a la totalidad que pedían la devolución del texto al Ejecutivo

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este jueves en el Congreso EFE / Vídeo: Raquel Sánchez invita a socios a pactar la Ley de Vivienda para respetar competencias - EUROPA PRESS

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ERC ha dejado, una vez más, al borde del precipicio una iniciativa clave para el Gobierno. El rechazo de los soberanistas a la ley de vivienda ha estado a punto de provocar que el Congreso tumbase el anteproyecto redactado por el Gobierno en su primera votación importante. El Ejecutivo solo ha sido capaz de salvar el texto con un acuerdo producido a última hora con los soberanistas en el que se compromete a modificar el texto para «garantizar el respeto escrupuloso al marco competencial en materia de vivienda y la negociación de la ley con las fuerzas parlamentarias progresistas».

Un pacto que ha evitado que salgan adelante las enmiendas a la totalidad que pedían la devolución al Ejecutivo del anteproyecto. Finalmente, PSOE y Unidas Podemos contaron con el apoyo de Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Foro Asturias, mientras que la CUP y el BNG se han abstenido. Las fuerzas que han tratado de derribar el proyecto han sido el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts, Coalición Canaria y el PRC.

La portavoz del grupo republicano en el Congreso, Pilar Vallugera, adelantó antes el sentido del voto de su formación durante su intervención en la Cámara Baja, en la que también advirtió que esta decisión puede cambiar si se produce una «invasión competencial» y no se respetan «los derechos sociales». «No reconocemos competencias al Estado porque no las tiene, pero somos conscientes de que deben producirse modificaciones legislativas en el ámbito de sus competencias», ha añadido.

Es decir, la ley no está ni mucho menos asegurada . Esquerra Republicana va a apretar al Ejecutivo, y ya advierte de que por ahora «no se respeta la competencia en materia de vivienda, asumida por las comunidades autonómicas de forma exclusiva». «Por ese motivo, la aprobación del trámite de hoy no supone en ningún caso la validación de la ley, que tras salvar este trámite deberá abrir un intenso período de negociación y acuerdo en base a lo establecido como punto de partida», ha explicado la formación independentista.

« Cataluña deberá mantener la facultad de dictar normas propias en esta materia y la norma estatal tendrá carácter restringido », ha explicado Vallugera, quien ha recordado que la formación «concibe la propiedad privada sujeta a su función social».

Una iniciativa «clave»

Antes de su comparecencia, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha intervenido en el pleno de la Cámara Baja para destacar la importancia de la reforma. « Es una iniciativa clave para el Gobierno y fruto de de meses de intenso trabajo», ha asegurado Sánchez, quien también ha defendido que «el respeto para la competencias de las comunidades, porque solo ellas pueden aplicar los límites al alquiler». «Estamos ante limitaciones muy medidas, con proporción entre los medios empleados».

Sánchez ha defendido además el proyecto del Gobierno como instrumento para «reconocer la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar», con el fin de facilitar una oferta suficiente de alquiler a precios asequibles. En este sentido, ha asegurado que esta es la vía elegida por los países del entorno europeo, y para ello la ley contempla medidas fiscales, «una regulación favorable» y «un volumen importante de inversión pública».

El resto de formaciones políticas han sido especialmente críticas con el Gobierno. Iñigo Barandiaran, portavoz del PNV, ha destacado que «muchas de las medidas que recoge el anteproyecto ya se contemplan en la legislación vasca», resaltando que «la Constitución ha garantizado la diversidad normativa» y que el Congreso «no está habilitado para uniformar las políticas de vivienda».

Desde Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, ha explicado que la normativa es «intervencionista» y que el Gobierno «se vuelve centralista cuando quiere imponer sus medidas sectarias». «Son rehenes de la insensatez de sus socios de gobierno», explicó el portavoz de la formación naranja.

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