Así es el decreto de la Generalitat que despenaliza la okupación

Inconstitucional y con el sector promotor en estado de alarma. El gobierno de la Generalitat confirmó ayer que tira adelante con la tramitación del decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, una iniciativa que ha disparado todas las alarmas al alertarse entre los promotores y desde entidades como Fomento del Trabajo que de alguna forma abre la puerta a una suerte de legalización de la ocupación. De igual forma, y desde que en diciembre de 2019 se aprobó inicialmente el decreto , el sector no ha dejado de proclamar que la medida, pensada para incentivar el alquiler y aumentar el parque de VPO, generará todo lo contrario, un retraimiento del mercado y un aumento de las rentas.

Entre las medidas que incluye el decreto está la de obligar a los propietarios de más de 15 viviendas, sean particulares o empresas, a ofrecer un alquiler social alternativo de hasta 14 años a quien los servicios sociales de cada ayuntamiento declare que está en una situación de vulnerabilidad. La medida se extiende a quienes hayan estado un mínimo de seis meses en una de estas viviendas aunque sea de manera ilegal, e incluso si hay un procedimiento judicial en marcha.

«Es una medida populista que se quiere cargar sobre los hombros de los promotores», denuncia a ABC Lluís Marsà , presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, quien explica que ya hay casos de promociones de alquiler que se van a destinar a la venta. «La legitimación de las ocupaciones ilegales representa un precedente gravísimo de impunidad ante un delito que se da, lamentablemente, cada vez con más frecuencia», añade el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Daniel Cuevo. Por su parte, la asociación de promotores madrileños (Asprima) ya denunció hace un par de semanas «inconstitucionalidad».

Ayer precisamente, el Consejo de Garantías, el organismo que vela por que las leyes se adecuen a la Constitución y al Estatut, emitió un contundente dictamen en el que considera inconstitucional el citado decreto, cuyo contenido califica de « irracional », «arbitrario» y «sin sentido». El Consejo, cuyos dictámenes no son vinculantes, cuestiona que la obligación de ofrecer un alquiler social implica en la práctica imponer un «contrato forzoso», y que la «ocupación ilegal» de una vivienda no debería suponer, como así apunta que pasará, «un título de acceso a la posesión». El Consejo también cuestiona uno de los puntos del decreto, el que intenta sacar al mercado el máximo número de viviendas vacías . Al respecto, y a afectos de contabilizar el número de inmuebles sin uso, la Generalitat considera como tales incluso los que son objeto de litigio judicial por una ocupación .

El decreto en cuestión también extiende al conjunto de Cataluña la reserva mínima de VPO del 40% en las promociones de vivienda, cuya aplicación pionera en Barcelona desde diciembre de 2018 (en aquel momento el mínimo era del 30%) provocó un desplome de la actividad. « Promociones que eran viables ya no lo son. Esto crea una gran inseguridad jurídica », explica el presidente de los promotores catalanes, en una denuncia que también secunda Fomento del Trabajo.