La «patada en la puerta» a viviendas públicas cae un 75% desde que hay mesa contra la okupación
El Gobierno regional ha optado por políticas beligerantes contra este fenómeno, que según sus responsables ya están dando sus frutos
El Gobierno regional ha aumentado la presión sobre las «okupaciones» de viviendas públicas desde que llegaron al poder, con medidas como la puesta en marcha de la Mesa contra la Okupación y por la Vivienda, en la que además de la consejería de Vivienda -que dirige David Pérez - interviene también la de Justicia -a cuyo frente está Enrique López -. Estas políticas están dando ya sus frutos: según datos de la consejería de Vivienda, el número de viviendas asaltadas ha caído un 75 por ciento desde la puesta en marcha de la citada Mesa.
El método de la «patada en la puerta» se utilizó durante 2018 para entrar en un total d e 79 pisos de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) -el antiguo IVIMA-; esto supone una media de 6,5 viviendas cada mes.
Hasta la primera mitad de 2019, se asaltaron 47 viviendas, lo que rebaja la media a 5 al mes. Y desde que, en octubre, se puso en marcha la Mesa contra la okupación, esa cifra volvió a caer, de forma muy significativa: entre dicho mes de octubre y el día de ayer, se han asaltado por este procedimiento 8 viviendas de la AVS en total. O lo que es lo mismo: una media de 1,6 viviendas al mes.
Esto supone un descenso de asaltos por mes de un 75 por ciento, que reduce a la cuarta parte respecto a 2018 las okupaciones. Y si se toma como referencia las que se habían producido en 2019, fueron un 68 por ciento menos las viviendas asaltadas .
«La presión ejercida contra este fenómeno desde la Administración Regional« se ha traducido en reducción de los casos, insisten en la consejería de Vivienda, donde recuerdan además que en muchas ocasiones, son llevadas a cabo «por organizaciones puramente mafiosas».
Por eso, desde su área también abogan por otras medidas adicionales como «la formación a policías locales sobre cómo mejorar los procedimientos de actuación inmediatos tras producirse una okupación». Y, sobre todo, «ser beligerante y no indulgente con estas prácticas, que solo perjudican a quien realmente tiene la necesidad de contar con una vivienda social».
Durante estos meses, el Gobierno regional ha llevado a cabo varias reuniones con entidades judiciales para insistir en este tema. El 28 de octubre, los consejeros de Vivienda y de Justicia se reunieron con la fiscal provincial, Pilar Rodríguez , y la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco , para pedir a jueces y fiscales que agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles. En el mismo sentido, hubo otra intervención el 10 de diciembre ante el I Congreso Sectorial de Derecho Inmobiliario y Urbanístico ‘Inmoiuris 2019’, donde el Gobierno volvió a abogar por una mayor seguridad jurídica y arbitrar nuevas fórmulas legislativas que agilicen los trámites para recuperar las viviendas usurpadas ilegalmente.
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