El FMI cree que Italia tardará una década en recuperar el crecimiento previo a la crisis

La institución internacional estima que el país aún se debe enfrentar a desafíos significativos

El primer ministro italiano, Matteo Renzi EFE

EUROPA PRESS

Los técnicos del FMI han revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía italiana hasta el 1,1% este año, desde el 1% anterior, y hasta el 1,25% en 2017 y 2018 , aunque han alertado de que la economía «solo» recuperará los niveles de crecimiento previos a la crisis durante la próxima década.

Así se desprende del informe anual del FMI Artículo IV donde explica que la economía del país transalpino «continúa» recuperándose de una «profunda» recesión, pero que lo hace gracias a la actual política monetaria « excepcionalmente » acomodaticia y a los precios en el mercado de materias primas «favorables», así como a una política fiscal «propicia» y una mejora de la confianza respaldada por las autoridades.

«Esta senda del crecimiento pronostica una vuelta a los niveles de producción anteriores a la crisis para la segunda mitad de la próxima década », advierte la institución presidida por Christine Lagarde, que indica que el crecimiento nominal podría ser «muy débil» para corregir las fragilidades financieras del país.

A pesar de ciertas mejoras en las condiciones del mercado laboral , el FMI estima que Italia aún se debe enfrentar a desafíos significativos: «La productividad y el crecimiento en la inversión son bajos, el desempleo sigue en niveles cercanos al 11%, los balances contables de la banca están debilitados por unos niveles muy elevados de préstamos morosos y la deuda se situó justo por debajo del 133% del PIB», repara la institución en su informe.

Por ello, para impulsar el crecimiento, urge a Italia a tomar medidas adicionales que garanticen la estabilidad y la viabilidad del sistema bancario, ya que, reduciendo el nivel de créditos morosos, se reduciría el coste del riesgo y se lograría mejorar la eficiencia operativa.

Entre estas medidas, el FMI recomienda un uso más intensivo de mecanismos extrajudiciales de reestructuración de deuda en paralelo a un método de clasificación que estime qué entidades son viables, lo que favorecería la reducción del nivel de préstamos morosos.

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