El campo exige más flexibilidad para mover a sus plantillas

La mano de obra va llegando al campo poco a poco. Sin embargo, el real decreto convalidado el pasado miércoles -que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados- se está revelando como una buena partitura sobre el papel, cuya interpretación está lejos de solucionar todos los problemas. En concreto, las organizaciones agrarias piden al Ejecutivo mayor movilidad para los nuevos temporeros y llaman la atención sobre los costes asociados a esta nueva operativa . Especialmente, el transporte. Una actividad que afronta limitaciones extraordinarias por el Covid-19. Por ejemplo, en una furgoneta de nueve plazas ahora solo pueden ir tres personas. En algunos casos, también el alojamiento y el cierre de la restauración son otro problema.

Al respecto, el presidente de Asaja, Pedro Barato, pide al Ministerio de Trabajo que sea «taxativo y conciso» y que intente aunar criterios a nivel nacional , en un momento en que ya hay diferencis relevantes entre autonomías con una mayor flexibilidad en el interior de Aragón o en caso de la provincia de Lérida. En este sentido, cree que «las normas tienen que ser iguales en todo el territorio nacional» y recuerda que el decreto habla de «proximidad , aunque no te dice unos kilómetros concretos, ni si se trata del pueblo de al lado». Por este motivo, se muestra partidario de «una movilidad ordenada y con todas las garantías» que permita salvar todas las campañas que ya están comenzando. Desde Cooperativas Agroalimentarias, su director general Agustín Herrero reconoce que el último decreto de Planas refleja prácticamente sobre el papel todas sus reivindicaciones. Sin embargo, admite que «la ejecución es otra cosa» . En concreto, también habla de «problemas para la movilidad de trabajadores de una zona a otra» y apunta que «varias comunidades autónomas han ampliado estas limitaciones».

Sin embargo, cree que todavía harán falta más trabajadores en zonas como el Valle del Ebro (Aragón, Cataluña, La Rioja) para la recogida de frutas. En concreto, el responsable de frutas de COAG Aragón Oscar Moret, especifica que quedarán sin cubrir un 30% de las contrataciones en mayo que cifra en 4.500 personas porque muchos quedaron atrapados en sus países. «En estos momentos, la gente está nerviosa y ofrece más precio por los trabajadores de otras explotaciones y esto incrementa los costes por encima del convenio» , apunta Moret. quien también menciona el aumento de la factura en transporte por las limitaciones sanitarias o la falta de un protocolo concreto sobre cómo «introducir» a estos nuevos temporeros en el ámbito rural, con una población muy envejecida y vulnerable.

En este sentido, Herrero (Cooperativas Agroalimentarias) coincide con Barato y Moret en que se faciliten los traslados de una autonomía a otra con todas las precauciones sanitarias. Especialmente, cuando se «agoten» los trabajadores locales. «Con un contrato de trabajo, no tendría que haber problemas para moverse por el país» , comenta el portavoz de Cooperativas. En esta línea, pide al Ministerio de Agricultura que amplien la compatibilidad entre las prestaciones a los afectados por los ERTEs de fuerza mayor. Pero, ¿cuáles son los perfiles de estos «nuevos» temporeros? Desde la bolsa de trabajo de Asaja , con días de vida, hasta el miércoles por la tarde había 92.936 inscritos, mayoritariamente de Madrid (10,4%), Alicante (8,44%) y Málaga (8,41%). De los cuales, el 19,67% provienen de la Hostelería, un 18,41% tiene experiencia previa en la Agricultura y la ganadería; mientras que un 5,94% vienen de la construcción o industrias extractivas. Entre las campañas más demandas: las hortícolas y las de fruta de hueso.

Precisamente, otro de los sectores con demanda de trabajadores es la ganadería. Un problema acuciante en el caso de los esquiladores en zonas como Extremadura. En concreto, un contingente de 400 uruguayos que a pesar de tener todos los permisos no pueden aterrizar en España. El sector espera tener mejor suerte con las ayudas anunciadas el pasado 3 de abril: unos 10 millones de euros , que pueden complementar las comunidades autónomas, según el último borrador. El real decreto todavía se está «ultimando», según fuentes del Ministerio de Agricultura, con las aportaciones delas organizaciones agrarias.

Barato (Asaja) destaca que tras las alegaciones, las ayudas ahora sí van destinadas al ganadero auque considera lo presupuestado «nétamente insuficiente» . Algo en lo que coincide Antonio Punzano, de COAG, quienconsidera la «situación crítica», a pesar del «balón de oxígeno» de las exportaciones y cree que « con 1.000 euros no les sacas de problemas al ganadero» . Por este motivo, apuesta por el «apoyo a la reposición» (almacenaje) aunque teme que hasta que Bruselas lo ponga en marcha «mucha gente pueda abandonar el sector».