Comisión Europea
Bruselas concede a España 12.000 millones de fondos europeos y pide aprobar las medidas duras en pensiones
Queda pendiente la aprobación del resto de estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés) que deberá examinar que se han cumplido las medidas comprometidas y dar su opinión
La Comisión aprueba la primera parte de la reforma de pensiones pero pide contener el aumento del gasto en la segunda parte con la ampliación de años cotizados para el cálculo, las nuevas cuotas de autónomos y el destope de bases máximas
El Gobierno ya planea las medidas que tendrán que aprobarse antes de final de año para entrar en vigor en enero de 2023
Las autoridades advierten que el mecanismo de equidad no es equivalente al facto de sostenibilidad y elevará el gasto
La Comisión Europea avaló este lunes el desembolso a España del segundo tramo del fondo de recuperación 'Next Generation EU' , que asciende 12.000 millones de euros, aunque recuerda a España la necesidad de abordar medidas en el ámbito de pensiones que garanticen la sostenibilidad del sistema público antes de que acabe el año para que entren en vigor en enero de 2023. De hecho, según relatan las autoridades comunitarias en el balance que realizan de las reformas adoptadas por el Gobierno en el segundo semestre del pasado año que han permitido este desembolso, la primera parte de la reforma elevará el gasto en pensiones, por lo que queda pendiente el grueso de las medidas de ajuste de gasto que se negociarán en estos meses con los agentes sociales.
Concretamente, en lo referente al componente 30 del Plan de Recuperación que recoge los compromisos en materia de pensiones, Bruselas divide el análisis en las dos partes de la reforma que el Gobierno ha previsto. Así, aunque aprueba las medidas adoptadas -que entraron en vigor el 1 de enero de 2022- sí que advierte de que estas podrían elevar el desembolso y reclama al Ejecutivo español rigor en las próximas reformas para alcanzar el objetivo de equilibrar las cuentas de las Seguridad Social y garantizar su viabilidad en el medio y largo plazo.
Así, sobre la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC, Bruselas apunta que "la nueva regla de indexación garantiza el poder adquisitivo de forma permanente permanente, ya que ajusta las pensiones al principio de cada año de acuerdo con la inflación media interanual registrada en los 12 meses anteriores a diciembre del año precedente, mientras que no se realiza ningún ajuste en en caso de deflación". Aunque recuerdan que según las estimaciones proporcionadas por España, el nuevo mecanismo de indexación aumentaría el gasto en un 1,4% del PIB en 2030 y en un 2,7% del PIB en 2050 ; "los servicios de la Comisión consideran que estas estimaciones son plausibles", subraya el documento.
Explican desde Bruselas que las medidas que apoyan la alineación de la edad de jubilación efectiva con la edad de jubilación legal aumentan la edad de jubilación real (en 64,5 años actualemte) al elevar la tasa de participación laboral cerca de la edad de jubilación legal y al retrasar la jubilación. "España ha facilitado estimaciones según las cuales las medidas de aumento de la edad efectiva de jubilación suponen un ahorro que oscila entre el 0,2% y el 0,4% del PIB en 2030 y entre el 1,1% y el 1,6% del PIB en 2050", señalan los servicios comunitarios aunque advierten de que según sus estimaciones la reforma generará ahorros fiscales, "pero la consecución de ahorros hasta el límite inferior , y ciertamente por encima de él, está sujeta a una incertidumbre muy elevada".
Así, aunque la Comisión considera que "el hito se ha cumplido satisfactoriamente" , señala deficiencias desde el punto de vista de cálculo de coste de la medidas introducidas. "Esta reforma forma parte de un paquete global de reformas en el marco del componente 30 que, entre otras cosas, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a corto, medio y largo plazo", apuntan.
Así, señalan que aunque la evaluación de la sostenibilidad fiscal de estas reformas no forma parte de este hito, España ha proporcionado información sobre el impacto fiscal de las medidas pertinentes de la reforma que ya han sido legisladas y advierten de que el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad no será neutra desde el punto de vista fiscal como aseguraba el Ejecutivo.
"Los servicios de la Comisión consideran que es probable que provoque un aumento significativo del gasto público en relación con el PIB a lo largo del tiempo. Con el fin de respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del componente 30 del Plan de Recuperación, sería necesario abordar el riesgo de que las medidas adoptadas produzcan una brecha fiscal significativa , a fin de garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos número 409 (sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional) y número 410 (proyecciones actualizadas que muestren cómo las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo)", apunta el documento oficial.
Así, advierte de cara a los próximos hitos que deberán acordarse con los agente sociales antes de final de año de que "la necesidad de alcanzar el objetivo del componente 30 de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a corto, medio y largo plazo también debe tenerse en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes", especialmente el hito 408 (ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación), el hito 411 (reformar las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos) y hito 415 (incremento de la base máxima de cotización) .
Aventajados en el desembolso
De esta forma, España se convierte en el primer estado miembro en recibir el segundo pago. Este segundo desembolso del plan de recuperación se corresponde a la realización de 40 hitos y objetivos --31 hitos y nueve objetivos-- a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del segundo semestre de 2021.
Tras el aval de Bruselas es el turno del resto de estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés) de examinar el expediente y dar su opinión. Si este análisis es positivo y también dan su consentimiento (o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie), el desembolso será autorizado.
De esta forma, la evaluación positiva del cumplimiento de este paquete de hitos y objetivos supondrá así el desembolso de 12.000 millones de euros , que se sumarían a los 9.036 millones de euros de prefinanciación de mediados de agosto del pasado año y a los 10.000 millones de euros del primer desembolso, recibidos en 2021. Unos pagos que se corresponden con medidas como la reforma laboral y la del sistema público de pensiones.
Dentro de los ejes verde y digital, esta segunda solicitud de desembolso también incluye la aprobación de la Hoja de Ruta de la energía eólica marina y otras energías del mar; la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada , la Carta de los Derechos Digitales , la entrada en vigor del RD-Ley para la protección de las personas trabajadoras que se dedican a actividades de reparto a domicilio utilizando plataformas digitales o medidas fiscales para acelerar el despliegue de la red de 5G. De igual modo, España también ha puesto en marcha medidas relacionadas con la cohesión territorial como la modernización de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la Atención Primaria y Comunitaria y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
La Comisión Europea disponía de un plazo de dos meses para realizar el análisis y comprobación de la documentación presentada por el Gobierno de España el pasado abril para solicitar el segundo desembolso, atendiendo al artículo 24 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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