DESESCALADA EN CÁDIZ
«Para controlar todas las playas de Cádiz haría falta un ejército»
Ecologistas advierten de que la propia singularidad natural de muchos arenales gaditanos hace imposible poder vigilar el acceso para que no se superen los aforos
Las playas más urbanas como las de Cádiz, Rota, Sanlúcar, Chipiona concentrarán una mayor afluencia de personas
La provincia de Cádiz tiene 260 kilómetros de costa y 138 kilómetros de playas : calas, ensenadas, arenales más extensos, otros metidos en sus propias ciudades... un sinfín de escenarios diferentes que rodean todo su litoral y que ahora con el regreso a la nueva normalidad se han convertido en lugares de encuentro que pueden ser determinantes en la batalla contra el coronavirus . La decisión de abrir estos espacios, estos puntos de encuentro y disfrute para miles y miles de personas, también ha conllevado una situación inédita : la exigencia de controlarlo para que no haya aglomeraciones, se respeten las distancias y no se entre en riesgo de nuevos contagios.
Y en la costa gaditana este compromiso es complicado, sobre todo en aquellas playas a las que se puede acceder por casi toda su extensión, porque no solo tienen puntos fijos de entrada sino que se puede pasar a sus arenales desde los espacios naturales que las rodean que están interconectados. Es como querer ponerle puertas al campo. Ocurre por ejemplo con La Barrosa, Los Caños, El Palmar, El Chato, Los Toruños, Tarifa... entre muchas otras.
«Es una batalla que ya está perdida. Intentar controlar el acceso a las playas de Cádiz es imposible. Haría falta todo un ejército», advierte Lola Yllescas, portavoz del grupo Ecologistas en Acción en la provincia. «La gente va a seguir yendo a la playa y entrará por donde pueda . Si ven que tienen que hacer colas buscarán otros espacios para ir y hay millones de sitios por donde acceder. Es algo incontrolable», afirma.
La entrada este lunes en la Fase 3 de la desescalada trae consigo además que estos espacios ya no serán solo para el disfrute de los residentes en Cádiz sino que se espera la llegada de cientos de visitantes de otros puntos de Andalucía una vez que ya se permite viajar entre provincias dentro de la comunidad. Sobre todo los fines de semana o este próximo puente con motivo del Corpus.
En cuanto a las que sí tienen accesos más delimitados y controlables la situación es también difícil ya que las playas urbanas son las que más se llenan de gente y donde las mareas amplían y restan espacios continuamente. Ocurrió este domingo en Cádiz. La Policía Local tuvo que cerrar la entrada a Santa María del Mar debido a que ya se estaba superando el aforo. Esta situación se repetirá sin duda durante todo el verano, más aún en julio o agosto, cuando la afluencia sea mucho mayor con la llegada de los turistas. En este sentido los puntos más 'críticos' serán los arenales de estas características como la Victoria, la Caleta, playas de El Puerto, Rota, Chipiona, Sanlúcar... o calas reducidas como las de Roche, Conil o Los Caños... entre otras.
Vigilantes pero sin poder coercitivo
Ante la situación que se avecina la Junta de Andalucía ha anunciado la contratación de tres mil vigilantes de seguridad para toda la región cuya misión principal será controlar los accesos y que se cumplan las medidas de prevención. Para la provincia de Cádiz se esperan 686 vigilantes que se dispondrán, según el plan previsto, entre las 83 playas de la costa gaditana. Los auxiliares se colocarán de la siguiente forma: en las playas más aisladas, uno por cada mil metros, en las semiurbanas, otro cada 500 metros y en las urbanas, un vigilante cada 200 metros.
El Puerto de Santa María tendrá 78 auxiliares, a Tarifa le corresponden 70, La Línea, un total de 68, Rota tendrá 60, Cádiz dispondrá de 58, Sanlúcar alcanza los 52, Barbate tendrá 52 vigilantes, en Chiclana se le habilitarán 50, a Chipiona, San Roque y Conil se destinan 38, por cada municipio, Algeciras dispondrá de 32 personas vigilando, San Fernando llega a 20, Vejer, 16, y a Los Barrios y Puerto Real le corresponden 8 vigilantes a cada una.
Pero no será hasta, si no hay otra incidencia, el próximo 20 de junio cuando estén ya activos estos vigilantes ya que se está actualmente en el trámite de su selección y contratación, tal y como anunció este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Aún así, estas personas, como advierte también Yllescas, no tendrán poder coercitivo. Es decir, no tienen la autoridad legal para poder sancionar si alguien se salta la normativa. Tendrán que dar aviso a policías locales, nacionales o guardias civiles para que sean ellos los que actúen si es necesario. Esta circunstancia ha motivado ya las dudas entre los sindicatos policiales sobre si esta medida puede resultar realmente efectiva con los medios de los que se disponen.
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