CRISIS DEL CORONAVIRUS
Denuncian al Gobierno y a la Junta por la «desprotección de los enfermeros gaditanos»
El Colegio de Enfermería de Cádiz ha presentado junto al resto de colegios andaluces una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA
Entrada del área de Consultas Externas del hospital de Cádiz
Los presidentes de los Colegios de Enfermería de Andalucía han decidido, por unanimidad, interponer una denuncia por la vía de lo penal contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces «dada la grave situación de indefensión que están sufriendo los profesionales sanitarios quiénes se están enfrentando día a día a esta crisis sanitaria sin recursos materiales».
«Entre los sanitarios se ha alcanzado un 23% de contagiados por COVID-19 debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, dejando a los trabajadores que los integran en el más absoluto desamparo», han explicado.
El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, desea puntualizar que « no es sólo una decisión de nuestra Junta de Gobierno , es una petición que nos hacen todos nuestros compañeros. Nos produce tristeza tener que exigir por Ley lo que nos corresponde como personas y como profesionales».
Por ello, ha aseverado Campos, «hemos determinado recurrir a la vía judicial ante la gravísima situación que están sufriendo nuestros compañeros junto al resto de profesionales sanitarios, que se están jugando la vida y la de sus familiares con los que conviven, así como la de los pacientes a los que atienden. Nuestros profesionales están siendo obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse: equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas, guantes, etc».
Desde el Colegio de Enfermería de Cádiz apuntan a «una escasez de materiales de protección a la que se suma la carencia de otras medidas preventivas como son los test de detección homologados, lo que se viene advirtiendo de forma reiterada en las últimas semanas, tanto por parte de la Organización Colegial de Enfermería en su conjunto como, concretamente, desde este Colegio Provincial reclamando la falta de medidas de protección».
La constante reivindicación mantenida durante todos estos años -desatendida por los consecutivos gobiernos regionales- de la imperiosa necesidad de contar con un número suficiente y adecuado de enfermeras y enfermeros se hace ahora más patente si cabe. La situación en Andalucía siempre ha sido deficitaria, situándose la penúltima en la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes (459), a la cola en comparación a la media de las regiones españolas, en algunas de las cuales incluso llega a doblarse el número de enfermeras por habitante.
«La falta de recursos materiales y humanos -continuamente denunciados- se traduce ahora en un índice de contagios entre los sanitarios que nos sitúan en una funesta posición a nivel nacional e internacional, la cual en ningún caso se corresponde con el coraje, dedicación, vocación y entrega que demuestran cada día nuestros profesionales, dando lo mejor de sí mismos en la superación de esta crisis y la atención y cuidado de sus pacientes, sino que al contrario, deja en evidencia la falta de planificación, errores en la gestión, incompetencia e infame gestión de los responsables políticos y autoridad sanitaria encargados de gestionar la sanidad, que se acentúa en esta crisis con la incapacidad de coordinación entre las administraciones públicas autonómicas y nacionales para hacer frente al COVID-19 desde los servicios de salud» explican desde el colegio.
El desoír de la Administración Sanitaria a la que Organización Colegial de Enfermería se ha dirigido por todos los medios y de forma reiterada mediante comunicados, manifiestos, cartas dirigidas al Consejero de Salud y demás responsables políticos, ha provocado el que los ocho Presidentes provinciales que conforman el Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería, se hayan visto obligados a interponer esta denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , contra las máximas autoridades políticas de la Junta y contra la delegada del Gobierno en Andalucía como última instancia, «ante su falta de acción y su incompetencia en la gestión, por atentar directamente contra la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, actuaciones que consideramos constitutivas de delito».
Para la organización colegial andaluza es «vergonzoso que, como consecuencia de la constante improvisación de los responsables políticos nacionales y autonómicos y su penosa gestión, no se disponga de suficientes instalaciones hospitalarias apropiadas y material como respiradores, no sean capaces de adquirir material adecuado de protección y que para solventarlo haya enfermeras y enfermeros que estén supliendo esa escasez de recursos con medios de protección de elaboración doméstica que, en ocasiones, les está regalando la propia ciudadanía».
En un comunicado aseguran que «se está produciendo un auténtico atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios, y además no sólo contra ellos, sino también contra todos sus pacientes y sus familiares más próximos, y por ende, contra la población. Por todo ello y ante estas inasumibles condiciones de trabajo que entendemos son constitutivas de un delito tipificado contra la seguridad en el trabajo de los profesionales sanitarios, el Consejo Andaluz de Enfermería ha interpuesto en el día de hoy, por decisión unánime de sus miembros, denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».
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