SITUACIÓN. La planta está ubicada en el extremo de los astilleros de la Bahía, en una superficie de 95.000 metros cuadrados. / GONZALO HÖHR
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Izar acumula aguas tóxicas en unos tanques de 30.000 toneladas a punto de saturarse

La planta Delta, construida en los 60 junto a los astilleros de Cádiz, almacena desde hace un año líquidos procedentes de hidrocarburos porque no puede verterlos al mar y carece de depuradora La infraestructura tiene licencia hasta 2007 pero no podría renovarla porque está «muy obsoleta»

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La liquidación y venta de la empresa naval Izar (perteneciente al Ministerio de Industria) y la reivindicación de la industria auxiliar de un aumento de la actividad en Navantia han puesto en evidencia la situación de una infraestructura instalada en el corazón de la Bahía de Cádiz que se dedica a la gestión de residuos industriales y de hidrocarburos. La planta Delta, construida en los años 60 y en un estado de completa obsolescencia, acumula en sus tanques desde el mes de julio de 2005 millones de litros de aguas tóxicas resultantes del tratamiento de los desechos que produce la mayoría de las industrias de la Bahía y de la provincia, además de empresas nacionales como Dragados o Acerinox.

El problema que ha ocasionado este gran almacenamiento de líquido contaminante es que la infraestructura carece de una depuradora o de un sistema de tratamiento de estas sustancias que anteriormente se vertían al mar, según informaron fuentes de Grupo Ecogades, empresa encargada de la explotación comercial de la planta en virtud de un contrato con Energis, la filial medioambiental de la cementera Holcim que, a su vez, es cliente de Delta.

Endurecimiento legal

El conflicto surgió el año pasado cuando Medio Ambiente endureció los parámetros máximos de los residuos que pueden evacuarse al agua, lo que ahora obliga a estas instalaciones de gestión de residuos a dotarse de mecanismos de limpieza o, en su defecto, a enviarlos a un gestor autorizado. La ausencia de una depuradora en la planta Delta, y sin una búsqueda de alternativas por parte de Izar hasta los últimos meses, han provocado una progresiva acumulación de líquidos contaminantes durante un año y que los depósitos, que tienen una capacidad para 30 millones de toneladas de desechos, se encuentren al borde de la saturación, según las mismas fuentes de Ecogades.

Pese a esta situación, la planta tiene licencia para seguir funcionando hasta finales del año 2007, según aseguraron desde Izar, pero de mantenerse las condiciones actuales sería imposible que obtuviera la renovación de la autorización y se vería abocada al cierre.

Esta clausura imposibilitaría a numerosas grandes industrias de la provincia, desde Delphi y la Base Naval de Rota hasta las petroquímicas o los propios astilleros y la Marina de La Carraca, la gestión de sus residuos y provocaría pérdidas de rentabilidad porque deberían enviarlos a otras Comunidad Autónomas, ya que en Andalucía no existe otra infraestructura de estas características, tanto por capacidad como por situación, sostuvieron desde Ecogades.

Para evitarlo, la infraestructura necesita una inversión de seis millones de euros, según la estimación de esta compañía, para vaciar los tanques (sólo esta operación valdría tres millones de euros) y acometer una serie de mejoras «mínimas» para obtener el permiso medioambiental: la instalación de una depuradora y de una centrifugadora de lodos, el cerramiento de la piscina de lodos existente para evitar los malos olores, el cambio del sistema de descarga o la reparación y homologación de los depósitos.

Volumen de actividad

Este grado de acumulación de aguas residuales tóxicas entraña un riesgo medioambiental alto por la zona natural en que se encuentra, ya que la planta, que ocupa una superficie de 95.000 metros cuadrados, está levantada en un relleno sobre la Bahía y se encuentra próxima a zonas de gran valor ecológico como el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Además, las catástrofes naturales producidas en el litoral español han llevado a la Administración a incrementar los controles y las exigencias para impedir nuevos casos dramáticos como la ruptura de la balsa de residuos de Aznalcóllar en Hueva (actualmente en proceso judicial) o el desastre del Prestige en noviembre de 2003.