La instalación se intentó vender en los años 90 sin éxito al precio de una peseta

La urgencia de dar una salida definitiva a la planta Delta se ha visto frenada por los movimientos empresariales sufridos en el sector naval en los últimos años y por la complejidad burocrática que entraña la operación al estar implicadas diferentes administraciones. La instalación sigue perteneciendo a Izar porque quedó fuera de la transferencia de los astilleros a la nueva empresa pública Navantia, que está integrada desde marzo de 2005 por las tres factorías de la Bahía y las de Ferrol, Fene y Cartagena.

Una vez culminado este proceso y ante la imposibilidad de Navantia de depurar en ella sus residuos desde el verano pasado, las negociaciones se pusieron en marcha, pero no se han acelerado hasta los últimos meses ante la proximidad de 2007 y con ello, la finalización de la licencia concedida en 2002.

En las conversaciones están inmersos Izar (perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-Ministerio de Industria), Navantia (propietaria de los terrenos en virtud de una concesión de la Autoridad Portuaria hasta el año 2020), la propia Autoridad Portuaria, el mismo Gobierno socialista a través del diputado gaditano Rafael Román y hasta las propias empresas clientes de la planta (Holcim y su subcontrata Ecogades.

Una única oferta

Esta última sociedad es la única que ha expresado formalmente su interés de adquirir la instalación, que a finales de los años 90 también salió a la venta por el precio de una peseta y no obtuvo ninguna oferta de compra. Según el consejero delegado del Grupo Ecogades, Antonio Moreno, la compañía asumiría la propiedad de la planta para evitar su cierre y, de esta forma, garantizar la supervivencia de su actividad, ya que la clausura supondría la pérdida total del negocio porque no podría tratar los residuos de las empresas para las que trabaja.

Esta alternativa de compra debería, en principio, ir precedida de una oferta pública abierta al mercado porque se trata de una propiedad del Gobierno y, además, necesitaría de una segregación de los terrenos concedidos a Navantia para desvincular la infraestructura de la nueva empresa pública, que podría seguir ejerciendo como cliente.

Además, hay otras dos opciones. El cierre y desmantelamiento, que tendrían un coste aproximado de tres millones de euros y supondrían el fin del astillero de reparaciones de Cádiz, así como la pérdida del único gestor de residuos de este tipo en Andalucía, con lo que la Comunidad no podría hacer frente a una catástrofe como la del Prestige y debería llevar los posibles contaminantes a otra región. Y, por último, el mantenimiento de la gestión pública dentro de Izar (limitado, porque esta empresa está en proceso de venta) o mediante la transferencia a Navantia que, sin embargo, no puede aprovecharla porque tiene limitada su actividad civil al 20% de su facturación total.