El crecimiento descontrolado del bien inmobiliario por encima de otros recursos necesarios ha abierto una nueva línea de preocupación con voces que alertan de los daños y los negocios ilícitos que se están generando en torno al urbanismo mal entendido. La lucha de intereses ha obligado al Ejecutivo a impulsar una nueva legislación proteccionista con el suelo y la vivienda; mientras que el poder judicial observa cómo en los juzgados cada vez se tramitan más diligencias por irregularidades urbanísticas.