La aspiración andaluza de gestionar la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) gana un nuevo e inesperado detractor. El socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, se une a sus homólogos de Murcia y Valencia -ambos del Partido Popular- en cuestionar la legitimidad del Estatuto andaluz para atribuirse el control del Guadalquivir, río que discurre en su totalidad por Andalucía, aunque un 10 por ciento de su cuenca lo hace en tierras de las autónomas de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura.