«El cierre de un colegio es la peor de las noticias posibles»

Nuria Agrafojo

12/04/2021
Actualizado a las 17:12h.

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Nico Montero es uno de los agentes más implicados en el proceso de escolarización en la capital gaditana. Director del IES Fernando Aguilar de Cádiz y presidente de la Comisión de Escolarización Cádiz-Puertatierra, conoce a la perfección los preocupantes datos sobre la bajada de solicitudes que ha sufrido tanto la capital como el resto de la provincia, dejando más de 2.800 vacantes sin cubrir en Infantil de tres años , el curso que marca el inicio al sistema educativo y que determina, en gran medida, el número de alumnos de los cursos superiores.

Desde la comisión de escolarización ya han planteado varias alternativas, que pasan por la bajada de la ratio, una medida que garantizaría la supervivencia de los colegios y también una oportunidad educativa y sanitaria, tal y como de ha demostrado con la actual pandemia del coronavirus.

-Tras este periodo de escolarización podemos decir que Cádiz vuelve a perder alumnos. ¿Se pueden perder puestos escolares?

-La situación es preocupante. En los últimos años venimos observando un descenso progresivo en las solicitudes de Educación Infantil para 3 años y en las del primer curso de Educación Primaria, que son las puertas de entrada al sistema educativo. Los datos son contundentes y desoladores. Este curso, en nuestra zona educativa de Puerta de Tierra, se han ofrecido 750 plazas para tres años, que han tenido 508 solicitudes, y 127 vacantes en 1º de EP, con escasamente 39 solicitudes. De manera que en los cursos de entrada no se han cubierto 330 plazas vacantes, lo equivalente a 13,2 unidades. Esta carestía y escasez de alumnado hace que si en un centro con 50 plazas en tres años, solo se matriculan 26 alumnos, al cabo de los años, este déficit afectará a Secundaria, de manera que la ola de la falta de alumnado golpeará a los Institutos de forma irremediable, mermando sus aulas y provocando la pérdida de unidades.

-Una vez más es la escuela pública la que más alumnos pierde. ¿A qué cree que se debe esta prioridad de los padres por la concertada en la capital?

-En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en Puertatierra, de los 18 centros que imparten Infantil y Primaria, diez son concertados y ocho son públicos. De manera que la presencia en el mapa educativo de la ciudad no es la misma. Aunque es cierto que la escuela pública registra peores datos, los números indican que esta crisis de escasez está afectando también a la escuela concertada que comienza a pasar apuros. Tan solo dos centros concertados (San Felipe Neri y Salesianos) cubren todas las plazas ofertadas con solvencia y 13 alumnos/as, entre ambos centros, son excedente.

La escuela pública deja de cubrir en 3 años 154 plazas ofertadas, pero la concertada no salva los muebles airosamente y se queda con 88 plazas vacías (algo impensable hace años). Ahondado en las razones de mejores datos en la concertada habría que analizar muchos factores y daría para una tesis: La distribución de los centros en la ciudad, el enraizamiento social y la historia de cada centro educativo (algunos centros concertados son centenarios, de gran calado, con una transmisión de la opción educativa de padres a hijos, avivado por asociaciones de antiguos alumnos dinámicas y con gran presencia), el desconocimiento generalizado sobre el trabajo que desarrollan muchos centros educativos públicos, la posibilidad que ofertan los centros concertados para cubrir todo el itinerario educativo del alumnado desde Infantil 3 años hasta segundo de Bachillerato en muchos casos, evitando el cambio de centro al pasar a Secundaria que tantos padres viven con angustia, y por último y fundamental, la libertad de elección de los padres de itinerarios con un proyecto educativo pastoral acorde con las opciones religiosas o personales de las familias. Sea como sea, está alarmante situación afecta a todos/as y el futuro se torna incierto para unidades y colegios de ambos espectros educativos.

-Este año se han hecho campañas en defensa de la escuela pública, se han mejorado instalaciones e incluso se ha aumentado el profesorado. ¿Qué más se puede hacer para convencer a las familias?

-Los centros públicos están haciendo un grandísimo trabajo educativo, y puedo afirmar con conocimiento de causa, que no hay diferencias en lo que respecta a la excelencia y a la calidad educativa con respecto a la concertada. No obstante, hay una vieja dinámica, injusta y falaz, que hace percibir a la pública como secundaria frente a la concertada. Es una lástima que la ciudadanía no conozca el espectacular trabajo que se está haciendo en centros como los CEIPs Juan Carlos Aragón, Gadir, Adolfo de Castro, Fermín Salvochea o Tierno Galván. Con recursos humanos y materiales espectaculares, gracias al empuje de sus directores y directoras, no paran de reinventarse para favorecer una indiscutible plataforma educativa de calidad. Hay que seguir trabajando para dar a conocer a la ciudadanía las bondades de la escuela pública, y así, favorecer que la elección sea con datos objetivos y no con impresiones viciadas por falsos prejuicios.

-En los próximos años la natalidad va a seguir bajando en la capital y en la provincia de forma importante. ¿Puede llevar esto al cierre de colegios enteros? ¿Qué va a ocurrir con el profesorado?

-El cierre de un colegio es la peor de las noticias posibles. Cuando se cierra un colegio se entierra parte de la historia de un barrio, de una ciudad, de tantas familias que han sido parte de la vida compartida en un proyecto educativo. Plantear cerrar centros educativos mientras no paran de abrirse sala de juegos indica qué tipo de sociedad podemos llegar a ser. Habrá que ser creativos y buscar soluciones inteligentes, reinventando en muchos casos ciertos colegios, la ratio, los destinatarios, la oferta socio-cultural que se puede ofrecer en los barrios. Será necesaria la cooperación de las diferentes administraciones implicadas y, sobre todo, escuchar al profesorado y a las direcciones de los centros educativos, que tienen mucho que decir al respecto.

-¿Qué alternativas plantearía usted para evitar estos cierres ante la bajada del número de alumnos que se espera?

-En mi primer año como presidente de la Comisión de Escolarización logramos sumar fuerzas y aunar a todas las direcciones y AMPAs de la Pública y la Concertada de nuestra zona educativa entorno a una petición conjunta: La imperiosa necesidad de bajar la Ratio. Así se lo hice llegar al Delegado Territorial en la reunión que mantuve personalmente con él hace dos cursos académicos. Seguimos pensando que la ratio debe bajar 5 alumnos/as en cada etapa educativa, de manera que sea la siguiente: En Infantil y Primaria de 20 alumnos/as por curso, en E.S.O. 25 alumnos/as por aula, y en Bachillerato 30 y no 35 como actualmente. Si esta medida estuviera vigente hoy los datos de solicitudes en 3 años no serían de 750 plazas ofertadas para 508 solicitudes recibidas, sino 580 plazas ofertadas con 508 solicitudes ya recibidas en marzo, cifra ésta que subirá con las habituales solicitudes fuera de plazo que empiezan a llegar ya a los centros educativos y las frecuentes incorporaciones por traslados que equilibrarían más la oferta y demanda en números asumibles que darían un respiro a los centros educativos. Esta medida no es sólo un salvavidas a nivel de unidades, es también una oportunidad educativa y sanitaria. Menos ratio es la posibilidad de una mejor atención a la diversidad y al mismo tiempo, favorece mejores condiciones y aulas habitables y más seguras en tiempos de pandemia. Todos ganamos con esta medida, que venimos reclamando sin éxito desde hace años.

-¿Cree que la ley Celaá va a mejorar el ámbito educativo?

-El papel todo lo aguanta. Habrá que ver en el día a día que resultados provoca esta nueva legislación. Todas las leyes educativas aportan algunas experiencias que mejoran los procesos, pero otras veces, también lo burocratizan y lo entorpecen. El tiempo irá diciendo. Lo que si me preocupa es que en los años que llevo como directivo en mi centro educativo he asistido a cuatro reformas, con sus respectivos reales decretos, sus órdenes correspondientes, sus instrucciones y sus innumerables cambios de desarrollo curricular, criterios de evaluación, de promoción, de titulación, de oferta educativa. Es bueno y necesario hacer política educativa, pero cuando lo que se hace en ocasiones es politizar la educación, todos perdemos y los centros educativos vivimos el mareante oleaje de los vaivenes de quienes nos gobiernan. Es necesario un pacto por la educación con altura de miras, precisamente la cualidad de la que adolece muchas veces la clase política de uno y otro signo.

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