La semana que está a punto de concluir ha vuelto a estar marcada por la crónica judicial con acento político. Dos exalcaldes que estuvieron al frente de dos ciudades importantes de la provincia (Jerez y El Puerto) están apartados de la vida pública por decisión judicial.
Si bien, Pedro Pacheco ha acabado en un centro penitenciario y Hernán Díaz ha sido inhabilitado de por vida (31 años, por ahora).
Aunque sus destinos son dispares, ambos han conseguido liderar dos cuestionables clasificaciones. El exlíder andalucista es el primer alcalde de la democracia que entra en prisión en la provincia de Cádiz por delitos vinculados a la corrupción política. Por su parte, el ‘padre’ de la extinta formación Independientes Portuenses es el regidor que acumula más condenas (cuatro) y todas por prevaricación.
Tanto Pacheco como Hernán Díaz cumplen el perfil del político que está siendo investigado y procesado en la provincia de Cádiz. Los casos que hasta ahora se han destapado, indagan en la toma de decisiones injustas de cargos públicos que a sabiendas de la ley, decidieron saltársela para beneficiar a un tercero.
Esa forma de ejercer la política del compadreo que durante la época de bonanza proliferó, está siendo ahora materia de numerosos procedimientos judiciales que han llevado al desbordamiento de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz. Una Fiscalía, que en esencia la constituye un único fiscal, con plaza en Jerez.
Al exalcalde de Jerez, la decisión de enchufar a dos amigos y compañerosde partido en dos empresas municipales le ha valido una pena de cinco años y medio de cárcel. Aunque el resumen más superficial circunscribe este caso a la práctica habitual de contratación de asesores en las administraciones públicas; este asunto tiene una profundidad mayor y es allí donde realmente se encuentra el delito por el que ha sido condenado Pacheco.
José Luis López y Manuel Cobacho cobraron unos sueldos con dinero público pese a que no ejercieron ningún tipo de labor que justificara esos ingresos. La Justicia condena así a Pacheco por malversar dinero con el único fin de beneficiar a un tercero; en este caso, dos compañeros de partido.
A Hernán Díaz, la Justicia le ha condenado hasta en cuatro ocasiones por firmar licencias sin cumplir las normas y por un nombramiento a dedo dentro de la jefatura de la Policía Local. Esas autorizaciones beneficiaron a terceros: desde una promotora local que pudo derribar con el beneplácito del Consistorio un Bien de Interés Cultural (BIC) hasta los propietarios de los chalés levantados en una zona de alto valor ecológico, donde el Ayuntamiento autorizó parcelaciones y construcciones.
La política del compadreo busca ganar adeptos a la causa, ampliar la capacidad de influencia porque al llegar la época de elecciones, los favores, los gestos, marcar prioridades se puede reducir en votos. Ésa es la interpretación que hace tanto el fiscal Anticorrupción como la jueza que ha condenado a Pilar Sánchez (PSOE) por desviar partidas del Plan E para pagar la nómina municipal.
La munícipe prefirió afrontar el pago de los salarios de una plantilla engordada de forma artificial durante la etapa de Pacheco y los siguientes gobiernos; que cumplir la ley, que obliga a no desviar el dinero de unas ayudas estatales que debían haber servido para la creación de empleo.
Al Ministerio Fiscal y a la jueza no se le pasa por alto que estas decisiones se tomaron en un escenario de crispación social por los problemas de liquidez que tenía el Consistorio y en vísperas de unas elecciones municipales.
El interés electoralista parece que también está detrás de uno de los tres procedimientos que en estos momentos se instruyen y señalan al Gobierno local de Puerto Serrano. La Fiscalía Anticorrupción acusa a uno de los últimos fortines de IU en la provincia de haber instalado en el Consistorio un sistema de contratación basado en el enchufismo y que incumpliría las normas que rigen estos contratos en el seno de las administraciones públicas.
Su anterior alcalde, Francisco Javier Gómez, se enfrenta a nueve años de inhabilitación.En esa misma causa también está imputado su predecesor, Pedro Ruiz, quien tuvo que abandonar su cargo precisamente por una condena por prevaricación en la concesión de una licencia urbanística.
¿Por el pueblo?
La reacción que tuvo Francisco Javier Gómez al difundirse los casos que cercan este Consistorio y que ha provocado la salida de los dos alcaldes en menos de doce meses, es justificar esas decisiones por la situación de crisis. Afirmaba hace unos meses que la demanda de trabajo les desborda en el Consistorio. «Siempre he buscado la forma de ayudar a quienes me lo pedían».
La interpretación que hacen desde la oposición es bien distinta y en el pueblo se cruzan acusaciones de que las oportunidades sólo llegan a vecinos afines al partido del Gobierno.
Más excepcionales son las investigaciones que vinculan a los políticos con corruptelas que acaban en un beneficio personal del alcalde. En esta versión más personalista de la corrupción se encuadra las investigaciones en torno a la relación del exalcalde de Rota, Lorenzo Sánchez (RRUU) con un promotor local.
La Justicia investiga, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, si cuatro convenios urbanísticos que acabaron en manos del empresario tuvieron una contrapartida para el entonces responsable máximo del Consistorio roteño. La sospecha es que pudo recibir a cambio de favorecer al empresario contratos para mejorar la cuenta de resultados de sus sociedades. Una suerte de quid pro quo con dinero público pero con dos únicos beneficiarios.
Rota es a día de hoy el Ayuntamiento cuyos dirigentes acumulan más imputaciones. Además de Lorenzo Sánchez, las pesquisas han salpicado a la actual regidora Eva Corrales (PP).
Este repaso por algunos de los procedimientos judiciales que se tramitan en los juzgados de la provincia y que indagan en conductas ilegales en el seno de los consistorios, evidencian que la corrupción no está ligada a un partido en concreto en la provincia.
