Dos meses de debate en el Congreso

El pleno del Congreso ha aprobado el texto definitivo de la reforma laboral que incluirá mayor control a los desempleados y facilitará las causas del despido objetivo por absentismo laboral después de que la Cámara rechazara todas las enmiendas del Senado a excepción de las del PSOE y una del BNG.

El texto, tras ser modificado por el Congreso y por el Senado, admite el despido objetivo con indemnizaciones de 20 días por año trabajado por causas económicas e incluye sanciones para los parados, a los que se les podría retirar la prestación si en un periodo máximo de 30 días no aceptan un curso de formación propuesto por los Servicios Públicos de Empleo.

Asimismo, los trabajadores con contrato fijo podrán ser despedidos con una indemnización de 33 días por año trabajado, frente a los 45 días actuales. La nueva ley contempla también un despido objetivo cuando el absentismo supere el 2,5% del total de la plantilla.

Tras su paso por el Senado, con la nueva norma no será necesario que los trabajadores fijos discontinuos que encadenen contratos durante tres años (ampliables doce meses) deban permanecer en el mismo puesto de trabajo para entrar en plantilla de forma indefinida. Además, se garantiza el cobro del salario mínimo interprofesional (633 euros) a empleados que puedan recibir parte de su sueldo en especie.

La reforma laboral se aprueba veinte días antes de celebrarse una huelga general (29 septiembre) y tras su paso por ambas Cámaras. El texto fue tramitado el 22 de junio en el Congreso, sólo con el apoyo del PSOE, y el 25 de agosto en el Senado, con los votos a favor del PSOE, Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Mixto, las abstenciones de CiU y Senadores Nacionalistas (PNV y BNG), y la oposición del PP. El 16 de junio de 2010, tras varios meses de negociaciones y sin alcanzarse ningún acuerdo, el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto Ley la reforma del mercado de trabajo.

Ardua negociación

El periodo de negociaciones sobre la reforma comenzó el pasado mes de enero, en medio de las críticas hacia la gestión del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz, por la quiebra de Air Comet, y negociador en la mesa de diálogo social. En febrero, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, emplazó a los agentes sociales a alcanzar un acuerdo en el plazo de dos meses, que se amplió hasta el 31 de mayo y posteriormente, el ministro Corbacho dio una tregua hasta el día 9 de junio.

El 12 de abril, el Gobierno presentó a patronal y sindicatos su propuesta de reforma laboral, que debería articularse alrededor de cinco ejes: reducción de la dualidad y temporalidad del mercado laboral, revisión de la política de bonificaciones a la contratación, programa de empleo de jóvenes, intermediación laboral y fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo. Documento que no satisfizo a ninguno de los agentes sociales.

El 2 de junio, el presidente Rodríguez Zapatero, anunció definitivamente que el Ejecutivo aprobaría la reforma laboral el día 16, si se llegaba a un acuerdo o no, entre los agentes sociales. Finalmente, en la madrugada del 10 de junio Gobierno, patronal y sindicatos hacían público el fracaso para alcanzar un acuerdo tripartito para reformar el mercado laboral.

Convocatoria de huelga general

Un día antes de ser aprobado el Real Decreto Ley, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO convocaron una huelga general en protesta por la reforma laboral para el 29 de septiembre, coincidiendo con las movilizaciones anunciadas por la Confederación Europea de Sindicatos de la UE.

Previamente, en mayo de 2008 se desarrolló una fase preliminar del diálogo social de la actual legislatura, con la reunión tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos, y que finalizó sin acuerdo el 24 de julio de 2009, cuando el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dio por "finiquitado" el diálogo social.

Hace cuatro años, en mayo de 2006, el Gobierno, la patronal y los sindicatos aprobaron la primera reforma laboral del presidente Rodríguez Zapatero con el objetivo de reducir la temporalidad en el mercado del trabajo y rebajar las cotizaciones sociales de los empresarios.