La Justicia europea declara ilegal la 'acción de oro' lusa sobre Portugal Telecom

La Justicia europea ha declarado ilegales los derechos especiales que Portugal mantiene sobre la compañía de telefonía Portugal Telecom (PT), más conocidos como la 'acción de oro', y que fueron utilizados la semana pasada para vetar la venta del 30% de la brasileña Vivo a la española Telefónica.

La decisión del Tribunal de Justicia de la UE allana el camino al intento de adquisición por parte de Telefónica, que ha ampliado hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte su oferta por 7.150 millones de euros (más de 8.790 millones de dólares), con la esperanza de que los accionistas puedan aprobar la venta en ese plazo tras el fallo del tribunal.

Mediante su sentencia de hoy, "el Tribunal de Justicia declara que Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al mantener en Portugal Telecom derechos especiales atribuidos en relación con 'golden shares'", según dice el comunicado enviado por la corte, tras la lectura de la sentencia.

Influencia estatal

El texto explica que "un número considerable de decisiones importantes relativas a PT depende del consentimiento del Estado portugués", lo que constituye una "influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene (el Gobierno) y que puede disuadir a los operadores de otros estados miembros de efectuar inversiones directas".

Concretamente, el tribunal ha valorado que "una eventual negativa por parte del estado a aprobar una decisión importante para la sociedad puede pesar sobre el valor de sus acciones y, por lo tanto, disuadir a los accionistas de invertir". Además, el tribunal destaca que los privilegios que el Estado portugués mantiene sobre la compañía de telecomunicaciones sólo podrían reducirse "si el propio Estado lo consintiera", dado que "una modificación de los estatutos no puede adoptarse sin la mayoría de los votos correspondientes a las acciones privilegiadas".

Por otro lado, la sentencia ha desechado las razones de interés público esgrimidas por Portugal para mantener los derechos especiales sobre PT. El tribunal considera que "el objetivo de garantizar la seguridad de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo" podría "justificar un obstáculo a la libre circulación de capitales", pero lo descarta para este caso por considerar que debe existir una amenaza real que Portugal no ha justificado durante el proceso. "El Tribunal de Justicia declara que el ejercicio de los derechos especiales del Estado no está sujeto a condición o circunstancia específica y objetiva alguna", zanja el texto.

Posibles alternativas para Telefónica

Ayer, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, aseguró que garantizará la aplicación de la sentencia de la Justicia europea, y la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios Financieros, Chantal Hugues, explicó que la decisión judicial debería ser respetada "inmediatamente".

Sin embargo, en el caso de que Portugal se resistiera a perder sus derechos sobre PT, el Ejecutivo comunitario podría emprender un segundo procedimiento de infracción "con relativa rapidez", que sin embargo podría acarrear una demora de meses para los intereses de Telefónica. Una segunda posibilidad para la compañía española sería la de acudir a la Justicia local portuguesa, donde se vería respaldada por la sentencia del Tribunal de la UE.

El Gobierno luso, en contra

El Gobierno portugués ha expresado su "desacuerdo" con la decisión del Tribunal de Justicia de la UE. El ministro luso de la Presidencia, Pedro Silva Pereira, ha declarado tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo procurará "respetar el derecho comunitario y la defensa de los intereses nacionales" en este caso.

Sin prejuicio de un análisis más profundo de la sentencia, el Gobierno "está en desacuerdo con su interpretación jurídica, pero el auto no pone en causa la existencia de derechos especiales", ha señalado Silva Pereira. El ministro considera que "se abre una nueva fase en la que el Estado luso buscará soluciones que permitan un respeto integral de la legislación comunitaria pero también de sus intereses".

Para Silva Pereira la decisión del Tribunal europeo tiene "una eficacia meramente declarativa", no fija plazos para su cumplimiento y el Gobierno luso "en nada disminuye su determinación de asegurar la salvaguarda de los intereses estratégicos nacionales y de PT". No obstante, en su intervención ante la prensa ha insistido en que Portugal "respeta la decisión y analizará la mejor forma de darle cumplimiento de cara a los diferentes escenarios posibles".