Portugal veta la venta de Vivo a Telefónica

El Gobierno portugués ha vetado la venta del 30% de la brasileña Vivo a Telefónica pese a haber sido aprobada por los accionistas de Portugal Telecom (PT) y gracias a una 'acción de oro' cuestionada por Bruselas y por la propia empresa lusa.

La decisión del Ejecutivo socialista de Portugal ha sido la segunda sorpresa de la asamblea de accionistas de PT celebrada hoy para decidir la venta de las acciones de Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por los 7.150 millones de euros que ofreció a último momento Telefónica.

La primera sorpresa ha sido que pese a la fuerza del llamado "núcleo duro" de accionistas portugueses de PT, que controlaban cerca de la mitad de los votos y se habían opuesto públicamente a la venta de Vivo, la oferta de la empresa española ha sido aprobada por un abrumador 73,9% de los accionistas. Pero la decisión del presidente de la asamblea, Antonio Menezes Cordeiro, de aceptar el veto de la acción estatal con derechos especiales ha dejado sin efecto los demás sufragios emitidos en la reunión.

El primer ministro portugués, José Sócrates, ha justificado después la actuación del Estado y dijo que "la acción de oro sirve para ser utilizada cuando es necesario". "Tanto los que iban a comprar como los que eran consultados en la asamblea, todos los accionistas, y en particular Telefónica, sabían cual era la posición del Gobierno y pienso que la debían tener en cuenta", ha declarado.

Sócrates ha recordado que cuando el Gobierno habla interpreta los "intereses nacionales" y ha insistido en el carácter "fundamental" que tiene la participación en Vivo para el futuro de PT, que con Telefónica controla a medias el 60% del capital de la empresa brasileña a través de la sociedad conjunta Brasilcel.

Una acción 'ilegal' para Bruselas

La Comisión Europea ha cuestionado las acciones con derechos especiales que tienen los Estados miembros de la UE y considera "incompatible" con la legislación europea el uso de esos privilegios por parte del Gobierno luso.

El presidente del consejo de administración de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, ha revelado tras la reunión que los responsables de la empresa "tenían la convicción de que la acción de oro no era aplicable a esta materia". Pero tanto Granadeiros como el presidente ejecutivo de PT, Zeinal Bava, que han defendido ante los accionistas la importancia estratégica de retener Vivo, se han mostrado conformes con el resultado de la reunión y han subrayado que la responsabilidad de admitir la aplicación de la acción de oro es del presidente de la Asamblea.

A su vez Menezes Cordeiro ha expresado a los periodistas la "certeza absoluta" de que la aplicación de la acción con derechos especiales detentada por el Estado es legal. El presidente de la asamblea ha asegurado que había tomado "todas las precauciones" para garantizar la validez del recurso al veto estatal y consultado a seis juristas antes de la asamblea.

Menezes Cordeiro también ha decidido suspender los derechos de voto, por conflicto de intereses, de un 6% de acciones relacionadas con Telefónica, que hacía más fácil un rechazo a su oferta por parte de los accionistas nacionales, aunque al final la medida resultó irrelevante porque sólo un 26% del capital rechazó la operación.

Una oferta de 7.000 millones

Ante el alto porcentaje de votos que, pese a esos contratiempos, registró la oferta por Vivo, el presidente ejecutivo de PT ha negado hoy estar desilusionado con los accionistas que le habían dado su apoyo para mantener la empresa brasileña y relacionó el resultado de la votación con la subida de la oferta a último momento.

Telefónica fijó el pasado día 1 en 6.500 millones de euros la cantidad que estaba dispuesta a pagar por Vivo, 800 millones más de los que había ofrecido tres semanas antes. Pero anoche, horas antes del inicio de la asamblea, elevó su puja hasta los 7.150 millones, una cifra que acabó por seducir a los accionistas nacionales y obligó al Gobierno a jugar su última carta para abortar la operación.