El juez impone fianzas superiores a los 200 millones de euros para los cabecillas del 'caso Gürtel'

Fianzas sin precedentes en la historia judicial española. El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, impone avales de 201,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los principales cabecillas de la trama corrupta, según los autos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El magistrado que fijó las fianzas el 30 de marzo dio un solo día para hacer efectivos los depósitos y decretó asimismo el embargo de todos los bienes del líder de la red, Francisco Correa, al no poder abonar la ingente cantidad de dinero.

Unas multimillonarias cauciones con las que el tribunal quería cubrir el daño que los imputados habrían causado a las arcas de la Hacienda Pública con sus innumerables delitos fiscales durante los últimos años. El juez, no obstante, advierte que estos ilícitos y desfalcos no son, ni mucho menos, los únicos porque la investigación del vasto entramado continúa. También las pesquisas sobre los cohechos pagados a los dirigentes del PP corrompidos que, según las estimaciones del instructor, llegarían a los 2,8 millones de euros en dádivas.

Sólo Correa debía hacer frente a una fianza de 85 millones de euros. Su hombre de confianza y ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, tampoco pudo hacer efectiva una caución idéntica y vio todos sus bienes embargados bajo control judicial. Pedreira estableció una responsabilidad civil de 30 millones de euros para el supuesto cerebro de la red societaria para el lavado de dinero y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín. Al 'delegado' de la trama en Valencia y responsable de 'Orange Market', Álvaro Pérez, 'El Bigotes' correspondió a 650.000 euros de fianza, mientras que para la esposa de Correa el Tribunal se fijó una caución de 800.000 euros.

Seguían un patrón al actuar

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se hizo cargo de la investigación hace un año tras la inhibición de Baltasar Garzón, asegura que las investigaciones dirigidas por él en estos últimos meses han confirmado que Correa "constituyó un conglomerado de empresas" cuyos "principales clientes eran entes públicos locales, autonómicos y estatales" de los que conseguía "contratos públicos utilizando las relaciones personales con quienes ocupaban puestos de responsabilidad en dichos órganos".

Los responsables 'populares' imputados, afirma el juez, actuaban siempre de la misma forma: adjudicaban contratos públicos a la trama "sin que existiera libre concurrencia" y, a cambio, obtenían "compensaciones de naturaleza económica o de otro tipo en la forma y en el lugar que le solicitasen". Correa y los suyos además cobraban comisiones a "empresarios afines" a los que amañaban concursos con otras administraciones públicas del PP, que el juez, por el momento, no desvela.

Según un pormenorizado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero y que sirve como base de los autos, el primer paso para opacar ese dinero corrupto fueron las "operaciones financieras ficticias" a través de entre, otros métodos, la "emisión de facturas falsas". Durante un tiempo se logró así "enjuagar los ingresos ilícitos obtenidos" gracias a la connivencia de responsables políticos del PP. Sin embargo, estos negocios -afirma el instructor- generaron tal cantidad "masiva de efectivo" que Correa y sus cuatro colaboradores tuvieron que idear un complejo "sistema de colocación de fondos" en "paraísos fiscales y territorios no cooperantes", que es el que ha generado esas millonarias responsabilidades civiles por defraudación a Hacienda.

Lista interminable de irregularidades

Una estrategia de sociedades pantallas y de "barreras" para "dificultar el control" de esos fondos, "ocultar su origen" ilícito y hacer imposible saber la verdadera titularidad de esas empresa. Una "estructura societaria" diseñada, sostiene el juez, para que todos esos capitales se "integraran" en el sistema financiero español como "fondos aparentemente legítimos", que se usaban para "capitalizar" sociedades del grupo, "adquisición de bienes inmuebles" o muebles, como embarcaciones.

Pero la evasión de capitales "no agota" el largo listado de irregularidades. El sumario está plagado de "numerosas infracciones de las que resultan las importantes responsabilidades pecuniarias", que el juez apunta, pero que ni siquiera se atreve a precisar. Por lo pronto, la documentación hecha pública por Pedreira recoge parte los informes de las Agencia Tributaria sobre las declaraciones fiscales de los cinco encausados entre 2002 y 2007. Según el juez, sólo en ese período Correa, que no hizo declaración alguna, debe al fisco como "autor de los delitos relacionados con su IRPF" 18 millones de euros.

Los informes del Tesoro señalan que Crespo, "el ejecutor de las directrices de Correa", no declaró a Hacienda casi 540.000 euros, pero el fraude puede ser mucho mayor porque todavía no se ha podido cuantificar la defraudación a través de su empresa Sabaris, Cresva, S.L.. Álvaro Pérez, por su parte, dejó de ingresar por retenciones de trabajo personal más de 330.000 euros. En cuanto a Carmen Rodríguez, el juez la considera "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio".