Garzón acusa a los tres cabecillas de sobornar a cargos públicos para favorecer a sus empresas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene que el empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada en la 'operación Gürtel' que dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando".

Así lo explica el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto en el que anoche acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa y de sus dos más estrechos colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP en Galicia hasta 1999.

El magistrado, que ordenó el ingreso en prisión de Correa al apreciar la existencia de riesgo de fuga, afirma que éste trató de salir de España el pasado día 6 para instalarse en un país de Centroamérica, lo que fue el detonante de las detenciones. Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".

En prisión incondicional

El juez dice que eran "norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" y advierte de que está investigando sus identidades y cargos "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".

Garzón decretó anoche prisión incondicional para Correa, Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Los tres están acusados de los delitos de sobornar a cargos publicos para favorecer a sus empresas, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho, cargos similares a los que se les atribuye a los otros 34 imputados que figuran, por el momento, en la causa. El magistrado adoptó esta decisión a petición de las dos fiscales Anticorrupción, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, después de haber prorrogado su detención, que tuvo lugar el pasado viernes, para practicar nuevas diligencias.

Hoy ha sido el turno de declaración de Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, la compañía que gestionaba los negocios de la presunta trama. Conocido como 'El Bigotes', Pérez Alonso fue detenido en Valencia en la noche de lunes. Su arresto se produjo después de que la Policía registrara la sede de la compañía, donde se obtuvieron numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunidad Valenciana, entre ellos los expositores que esta región mostró en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur). Después de una hora ante el magistrado en la Audiencia Nacional, el juez Garzón ha decidido dejarle en libertad, con la obligación de comparecer cada semana ante la Justicia.

Tras el rastro del dinero

En la resolución, el juez asegura que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho". Y concreta que el grupo delictivo con empresas repartidas por toda España y ahora desmantelado tenía como principal finalidad "a lo largo del tiempo", y, como mínimo en los últimos 10 años, la de "captar negocios" y "fondos" en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia.

Sobre esa estructura nacional "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España". Estas sociedades radicadas en el extranjero "son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales", lo que permite a este conglomerado "incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones" de las empresas ubicadas en Inglaterra y Holanda. Todo ello lo enmascaraban "como ampliaciones de capital", aunque "en realidad" los fondos procedían de "sociedades matrices" de la Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros territorios "offshore".

El diseño de esta estrategia de ocultación, según el juez, ha permitido a Correa el control de este entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales. Para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·

Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo, aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización". Por su parte, Antoine Sánchez "es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados".

En la vertiente política del caso, el PP ha presentado su escrito de recusación contra Garzón. Alega "enemistad manifiesta" del juez y "animosidad contra el PP". El presidente Zapatero, que en los últimos días se había limitado a hacer referencias veladas de la situación que está atravesando la oposición, ha entrado de lleno en el asunto y ha recordado a los populares que "atacar a los demás no resuelve los problemas internos".