Garzón se inhibe parcialmente de la investigación al hallar indicios penales contra cargos del PP

El juez Baltasar Garzón ha pedido a los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y de Madrid que investiguen a verios altos cargos del Partido Popular entre los que se encuentran Francisco Camps o Correa. De este modo el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibe parcialmente del caso, en el que esta tarde ha imputado a otras ocho personas a las que tomará declaración el 18 de marzo.

En el caso de Valencia, pide al TSJV que investigue al presidente autonómico, Francisco Camps; al secretario general del PP de Valencia, Ricardo Camps; al ex vicepresidente José Victor Campos Guinot, y a Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consejera de Turismo. El magistrado ha notificado horas después la inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al encontrar indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

Garzón inició el pasado 9 de febrero la ronda de declaraciones del 'caso Gürtel' con los interrogatorios del presunto líder de la trama, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Los tres son los únicos de los 37 imputados que han sido enviados a prisión. La Fiscalía Anticorrupción informó ayer a Garzón que la causa debe ser instruida por los tribunales superiores de Madrid y Valencia, al estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de estas regiones, y no por el Tribunal Supremo, de lo que se deduce que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales o europeos del PP.

Cambios tras la era Aznar

A este respecto, el juez explica que la Fiscalía desestimó la inhibición ante el Supremo porque "no había elementos suficientes" contra el eurodiputado del PP Gerardo Galeote. En este mismo auto, Garzón sostiene que la organización dirigida por Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional". No obstante, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia" y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market)", cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes'.

El magistrado acusa directamente a Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de adjudicaciones por valor de unos cuatro millones de euros. En la contabilidad B del piso que esta red tenía en la calle Serrano apareció una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de 2002 en el que figura un millón de euros sin constar la procedencia. Garzón subraya que aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000€ y que se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

El PP de Valencia también recibió 15.000 euros procedentes de la caja B de Orange Market, que estaba manejada por Correa y el imputado Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego hasta 1999. Con respecto a Costa, el juez dice únicamente que adquirió trajes en las mencionadas tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas de Correa.

Tres millones de euros en comisiones

En el segundo auto hecho público, Garzón destaca que los seis nuevos imputados, entre los que se encuentran los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, ambos del PP, habrían cobrado más de tres millones de euros en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa. El magistrado destaca que los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor habrían percibido de las empresas de la trama investigada las cantidades de 563.000, 437.166 y 255.562 euros, respectivamente.

Sobre los nuevos imputado (ver ficha), el magistrado detalla que el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, habría percibido 1,3 millones de euros; mientras que el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y su director general Tomás Martín 510.000 euros, a los que habría que sumar otros 378.172 que habría cobrado este último en solitario. Además, añade que el ex edil de Boadilla José Galeote habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros; el regidor de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, 422.992 euros; el ex edil de Estepona, Ricardo Galeote 42.469 euros en efectivo; y el ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, 16.000 euros.

En el auto, el juez relata que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos. Además sostiene que Crespo se había reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero, "apareciendo la relación de los mismos en un listado (...) que controlaba el imputado Javier Nombela en nombre de Easy Concept".