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Pasan a disposición judicial los cinco detenidos por el caso Palma Arena

El abogado de Rafel Durán afirma que su cliente "no se llevó ni un café"

PALMA Actualizado: Guardar
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Las cinco personas que todavía continúan detenidos en el marco de la 'Operación Espada', por su presunta vinculación con una supuesta trama de corrupción en el velódromo Palma Arena, han pasado hoy a disposición judicial para declarar ante el juez que instruye el caso, José Castro. Los arrestados son el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés; el ex director general de Deportes del Govern, Pepote Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el director general de la UTE, que construyó el pabellón deportivo.

José Ramón Orta, abogado de Rafael Durán, ha declarado que confía en que su cliente salga hoy en libertad porque "no se ha llevado ni un café del Palma Arena" y lo "único" que desea es declarar "la verdad" ante el juez. El letrado ha declarado que lo único que ha cuestionado de esta operación policial el portavoz del PP es haber tenido que estar durante tantos (tres) días detenidos en los calabozos de la Policía Nacional cuando al él se le imputa un delito de prevaricación "que no lleva aparejada pena de prisión".

"Si la Fiscalía o la Policía hubiesen tenido a lo largo de este año y medio más elementos para imputarle otro tipo de delitos, probablemente lo hubieran hecho", ha dicho Orta, quien ha señalado que el delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal solo lleva aparejada una pena de inhabilitación de siete a diez años. El letrado ha incidido en que una detención así era innecesaria porque su cliente "no tiene ninguna posibilidad de alterar o modificar algún tipo de prueba ni se va a sustraer de la acción de la justicia. (...) Está debidamente erradicado aquí, tiene familia, casa y trabajo".

El proyecto del arquitecto "no fue serio"

Sin embargo, Orta ha declinado hacer una valoración "política" de la actuación policial de acuerdo con las declaraciones que al respecto han realizado diferentes miembros del PP balear quienes consideran que esta actuación policial no es más que "un espectáculo" que ha querido dar la Fiscalía. El abogado ha asegurado que su cliente "ni se ha lucrado ni se ha beneficiado absolutamente de nada", por lo que tiene "la esperanza" de que salga en libertad y que, aunque tenga que continuar después con el proceso, quede "absuelto".

Preguntado acerca de si su cliente mantendrá la versión de algunos de los detenidos de que el sobrecoste del pabellón (el doble de lo presupuestado inicialmente) fuera causado por el primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann, Orta ha comentado que no sabe si Durán se sumará o no a dichas acusaciones. Aún así, el letrado ha reconocido que "siempre ha oído comentar que el arquitecto (Schürmann) era una persona de prestigio internacional, pero como que vivía un poquito de este prestigio pero su contribución no fue un proyecto serio, solvente".

Por su parte, Miguel Romero, ha estado declarando desde las 10.00 hasta las 14.00 horas ante el juez. Así, tras su declaración, que, según su abogado, Antoni Coll, se ha retomado a las 15.00 horas tras un receso de una hora, será interrogado, a continuación, el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés.

Otros tres arrestados, en libertad con cargos

Todos han sido trasladados en una furgoneta de la Policía Nacional, a las 8.50 horas, hasta los juzgados de Vía Alemania de la capital balear, esposados y con aspecto demacrado después de pasar tres días completos -el tiempo máximo permitido- en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en la calle Ruíz de Alda. Junto a los detenidos, la Policía ha trasladado en otra furgoneta numerosas cajas llenas de documentación referente al caso.

Los otros tres arrestados en el caso -el ingeniero Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S.- han sido ya puestos en libertad. En el caso de Antoni Palerm, está en libertad con cargos porque se le acusa de negociaciones prohibidas.