Las asociaciones de jueces mantienen las movilizaciones previstas tras trasladar sus reivindicaciones a Bermejo

Las asociaciones judiciales mantienen las protestas del 18 de febrero y la posible convocatoria de una huelga el 26 de junio tras una reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la que éste ha anunciado que se destinarán este año otros 20 millones de euros a la modernización tecnológica.

Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han agradecido a Bermejo el "buen tono" en el que han transcurrido las siete horas de reunión, pero le han reprochado el bajo "nivel de compromiso" mostrado.

Por su parte, el titular de Justicia ha considerado que "no se justifica" el mantener las movilizaciones anunciadas para el próximo mes "con el clima" que ha reinado en el encuentro, que ha calificado de "bueno y de respeto institucional".

Fuentes de su departamento han destacado el "extraordinario esfuerzo" que, en un escenario de crisis económica, supone el incremento en un 30% de los 72 millones que ya había presupuestados para este año para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. "Sabemos que no se puede mejorar y modernizar la Administración de Justicia por separado", ha subrayado Bermejo.

Ésta es una de las medidas que, según Bermejo, entrarán en vigor en este 2009. Junto a ella, el desarrollo durante este año, de un sistema de comunicación telemática o la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información.

Un nivel de compromiso "insuficiente"

Los representantes de las asociaciones judiciales han acudido hoy al Ministerio con las ocho demandas contempladas en la tabla reivindicativa consensuada el pasado día 12. Entre sus exigencias, se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Ademas, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.

Bermejo se ha mostrado de acuerdo con la supresión de traslado forzoso por ascenso y ha añadido que ya está previsto arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales y que se reduzca el número de funcionarios interinos en los Juzgados "y existan funcionarios titulares bien preparados".

Las asociaciones, sin embargo, han considerado insuficiente el nivel de compromiso mostrado por el ministro respecto a la devolución a los jueces de la facultad de señalar las vistas -que la reforma legal aprobada por el Gobierno atribuye a los secretarios judiciales- y al incremento de la planta judicial. Fuera del debate han quedado las reivindicaciones salariales, "aparcadas", según el ministro y las asociaciones, "hasta que las condiciones económicas lo permitan".

La huelga sigue adelante

El portavoz de la APM, Antonio García, ha calificado de "constructiva" la reunión y ha dicho que los jueces han detectado "disposición" por parte de Bermejo, "aunque no con la intensidad y en la medida que a nosotros nos hubiera gustado". "La respuesta que hemos recibido (...) no nos satisface enteramente", ha dicho García, que no obstante ha considerado el proceso de diálogo "abierto y en curso" y ha confiado en que en próximas reuniones se podrá "perfilar y clarificar un panorama que nosotros todavía nos atrevemos a calificar hoy de sombrío".

Preguntado por si se mantienen las movilizaciones tal y como se anunciaron en el documento del pasado día 12, el portavoz de la APM ha manifestado que las asociaciones siguen considerando ese texto "vigente a todos los efectos".

Además de las protestas convocadas por las asociaciones para el 18 de febrero, esa es la fecha elegida por el aproximadamente 20% de los jueces -sobre todo los de las grandes ciudades- para convocar una huelga sin precedentes en la magistratura y que no cuenta con el respaldo de sus representantes. A pesar de ello, para Bermejo las asociaciones siguen siendo "los únicos interlocutores legítimos de la carrera judicial", por lo que el Ministerio "ha estado negociando hoy con quien debe".