En la capital mundial del motor, de la denominación de origen vinícola más antigua del país, de la tierra en la que crecen los pura raza equinos. En definitiva, en la quinta ciudad más poblada de Andalucía, en Jerez, es posible que en los próximos meses los dos exalcaldes que la gobernaron durante 30 años, recuerden ese pasado no tan lejano encerrados en un centro penitenciario.
El regidor que más tiempo ha tenido el bastón de mando de la Alcaldía jerezana, Pedro Pacheco (1979-2003), ya lo está, cumpliendo una condena de cinco años por el 'caso asesores'. Y su sucesora (Pilar Sánchez 2005-2011) está cada vez más cerca de ello, después de que la Audiencia Provincial la haya sentenciado a cuatro años y medio por haber beneficiado de manera arbitraria a una empresa. Es la segunda condena que recibe la socialista Pilar Sánchez.
La primera, de dos años, está recurrida ante el mismo órgano judicial que ayer la situaba en una situación procesal extremadamente complicada. La jueza del Penal nº 3 de Jerez sentenció a la exregidora en octubre pasado por prevaricación y por delito contra la Hacienda Pública.
Los hechos: utilizar el dinero de subvenciones estatales que debieron emplearse para crear empleo y que, sin embargo, se desviaron para tapar agujeros en el Ayuntamiento como el pago de la nómina municipal.
Con dos condenas que suman siete años y medio de prisión, el camino hacia la prisión parece inexorable salvo que prospere algún recurso. La defensa de Sánchez ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión conocida ayer.
En el caso de su otrora rival político, Pedro Pacheco, éste no ingresó hasta que el TS se pronunció elevando la pena que le había impuesto el tribunal de Cádiz. Desde octubre, Pacheco forma parte de la población reclusa de Puerto III.
El informe del jardinero
La última condena de Pilar Sánchez censura la participación que tuvo la regidora en la llegada de la empresa TISA al Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA); un proyecto que nació con ayuda del Estado en 2004 para potenciar este sector industrial en Jerez, atrayendo a la ciudad empresas relacionadas con esas actividades.
Hoy en día la sociedad gestora del parque ha sido disuelta tras entrar en concurso por arrastrar una deuda millonaria con el Estado. En 2007, el Ayuntamiento autorizó la entrada de TISA y posteriormente la alcaldesa firmó un decreto concediéndole una ayuda de un 40% en la reducción del precio final que debía pagar por una de las parcelas del parque.
Era la subvención más alta prevista. Se aprobó gracias a un informe manipulado para beneficiar ex profeso a TISA y firmado por un jardinero en sustitución del director técnico que se opuso a plasmar su rúbrica en ese documento.
Detrás de todas las maniobras para beneficiar a TISA estaba la alcaldesa, a la que se condena por los delitos de malversación, falsedad y prevaricación, ya que causó un perjuicio económico al Consistorio que dejó de ingresar 122.360 euros en la operación.
El tribunal reconoce que no hay una prueba directa de la participación de la regidora, pero sí indicios que a los magistrados «les llevan a la convicción» de considerarla culpable.
El testigo principal en la causa fue el director técnico que se negó a firmar la valoración que avaló la ayuda a TISA. Este funcionario ya había puntuado el proyecto empresarial cuando recibió la solicitud de ingreso en el PTA, pero el resultado de su baremación alejaba la posibilidad de una subvención municipal.
Condena con indicios
Pesaba en ese primer informe técnico que la empresa se dedicara a una actividad poco relacionada con el sector agroalimentario. Así, antes de aterrizar en Jerez, ese proyecto había obtenido respaldo económico de la Agencia IDEA para instalarse en un polígono de la provincia de Sevilla donde iban a fabricar oxígeno para uso sanitario.
Este director técnico describió en el juicio las presiones que recibió para que enmendara su informe y describió un encuentro que mantuvo con Pilar Sánchez en el cual ella le pidió que tratara con cariño ese proyecto empresarial.
El tribunal le otorga credibilidad a sus palabras a pesar de los intentos de las defensas de desacreditarlo. Los abogados quisieron presentarlo como un trabajador que se estaba vengando de los socialistas por no haberle nombrado gerente del PTA. Un puesto para el que nunca se postuló, según afirmó el testigo.
Este técnico acabó elaborando un segundo informe favorable para que cesaran las presiones, pero se negó a plasmar su firma. Lo envió por correo electrónico al jefe de gabinete de Pilar Sánchez, que es además su marido, y a otro responsable de la delegación de Fomento.
Los magistrados no se creen la versión que ofreció el esposo de Sánchez quien reconoció haber recibido el correo electrónico pero afirmó que nunca lo abrió.
En el banquillo de los acusados se sentaron también los exediles de Medio Rural, Mª Carmen Martínez, el de Fomento, Francisco Lebrero, junto a los tres responsables de la empresa sevillana y el jardinero que autorizó con su firma una subvención millonaria a pesar de que su función en el PTA era la de cuidar las viñas y el mantenimiento de las instalaciones.
Todos ellos, salvo la concejala, han salido absueltos porque el tribunal entiende que no hay pruebas de su participación en el trato de favor que recibió TISA; ni siquiera los socios de la empresa y beneficiarios últimos de la subvención firmada por Sánchez. «No consta que se pusieran de acuerdo con la alcaldesa o la concejala».
La exedil María del Carmen Martínez se derrumbó el último día del juicio. Sabía desde el primer día que estaba sentenciada. El capataz había confesado al tribunal que firmó un informe que le había entregado ella aunque estaba fuera de sus competencias y que lo hizo porque confiaba en que no le iba a meter «en ningún lío».
Este empleado ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel y su declaración fue clave para el desarrollo del juicio. La defensa de María del Carmen Martínez quiso explotar en el juicio su perfil formativo bajo. De profesión peluquera había dado el salto a la política municipal de la mano de Sánchez, «su amiga» como le dijo al tribunal.
Peluquera sin formación
Cuando ocurrieron los hechos, Martínez llevaba pocos meses en su cargo de concejal. Esa circunstancia y que carezca precisamente de conocimientos sobre reparto de subvenciones y valoraciones técnicas de empresas hace «poco probable» para el tribunal que ideara un plan para beneficiar a TISA.
Por eso concluye la sentencia que sólo las personas con capacidad para autorizar una subvención podían estar detrás de esas maniobras: Pilar Sánchez y Francisco Lebrero. Al segundo, el tribunal lo exculpa por falta de pruebas. A diferencia de Sánchez, ningún testigo le señaló.
Las dos condenadas en este proceso deberán devolver al Ayuntamiento los 122.360 euros que dejaron de ingresar las arcas públicas.
