La exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez cree en su absolución en el 'caso PTA' pese a que la Fiscalía mantiene la petición inicial de siete años de prisión por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

En la última sesión del juicio celebrado estas últimas semanas en la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sánchez ha incidido en que siempre actuó pensando «en el bien» de la ciudad y que la subvención concedida a la empresa TISA para que adquiriera terrenos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez tenía como único objetivo la generación de empleo.

Sánchez, que ya fue condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E, confía «plenamente» tanto en el «Estado de Derecho» como en el «sistema judicial», y precisamente por este motivo entiende que debe ser absuelta de las causas que se le imputan.

A pesar de ese convencimiento, la exalcaldesa lamenta el «sufrimiento» y los «daños personales» que han provocado este nuevo paso por el banquillo tanto a ella como a su familia, algo que cree «inmerecido» e «injusto» y que le provoca «tristeza».

Por el contrario, Sánchez cierra sus declaraciones con la «satisfacción» y «alegría» motivadas por el hecho de que, a su juicio, los técnicos que han declarado a lo largo de estas sesiones hayan asegurado que las contrataciones de proyectos de obra se hicieron «con transparencia».

Todo ello a pesar de que el técnico que se negó a firmar el informe de valoración que favorecía la concesión de esas ayudas a TISA asegurara que recibió presiones para mejorar la valoración de la empresa, señalando directamente a la exalcaldesa.

De hecho, en su alegato final la Fiscalía ha advertido de que a lo largo del juicio ha quedado en evidencia que tanto Sánchez como otros dos miembros de su equipo de Gobierno, María del Carmen Martínez y Francisco Lebrero, «faltaron a las normas básicas, se saltaron la ley a la torera y presionaron a los técnicos» para favorecer a esa empresa.

La Fiscalía mantiene por tanto la petición de siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para Pilar Sánchez; de cuatro años y medio para el exconcejal delegado de Fomento Francisco Lebrero; y de cinco años y medio para la exconcejal delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez.

Además, se solicitan penas de hasta dos años y tres meses de prisión para los representantes legales de TISA y un trabajador municipal, que fue quien firmó el informe a instancias de Martínez a pesar de carecer de la formación y titulación necesaria.

El Ayuntamiento otorgó una subvención de 244.000 euros a esta sociedad para favorecer su implantación en el PTA, una cantidad que en realidad no era sino una minoración del precio de los terrenos que iba a ocupar.

La operación no se llevó finalmente a efecto, de ahí que la defensa de Sánchez haya argumentado que no existió cuerpo del delito, pidiendo por tanto la absolución de la exalcaldesa.