La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso planteado por la defensa de Ángel Ojeda contra el auto de inhibición del juez López Marchena, que entregó las diligencias iniciadas con la detención del exconsejero en Sanlúcar, a su compañera de Sevilla Mercedes Alaya. El tribunal ratifica la decisión acordada por el juez instructor nº 2 de Cádiz, también respaldado por la Fiscalía, quien entendía que la pieza gaditana sobre el fraude en los cursos de formación era competencia de Alaya.
En un auto firmado el pasado 9 de febrero, la Sección Cuarta argumenta que el juzgado nº 6 de Sevilla llevaba investigando a Ojeda antes de que fuera detenido el pasado verano por la Policía Nacional en su residencia de verano. Además, señala que los delitos que se indagan en el juzgado de Alaya, como una posible malversación de caudales públicos, son de mayor gravedad que los que indiciariamente se apuntaban en las diligencias instruidas en Cádiz.
Ángel Ojeda fue arrestado el verano pasado en el marco de la 'operación Óscar'. La UDEF se basó en la denuncia de un profesor que había trabajado en una de las empresas del exconsejero (Humanitas) para abrir un nuevo caso sobre los cursos de formación subvencionados con fondos públicos. Este trabajador aseguraba que había sido testigo de irregularidades y que algunas de las acciones formativas nunca llegaron a realizarse.
Humanitas ya estaba siendo investigada por la jueza Alaya y así la citaba en un auto fechado el 16 de julio y previo a la detención del antiguo responsable político. Alaya afirmaba que ésa era una de las sociedades que presentaban irregularidades en la concesión de ayudas para la formación de desempleados que otorgó la Administración regional durante años.
Esta empresa, además, fue una de las que participó en el protocolo de formación que suscribieron los trabajadores de Delphi cuando cerró la factoría en 2007 y como tal, receptora de millonarias ayudas. Ese paquete de acciones que vendió la Administración andaluza como la gran apuesta para recolocar a este colectivo tras el cierre patronal, es definido a día de hoy como una posible «bolsa de fraude», según un auto conocido hace escasas semanas. El 'caso Delphi' está dentro de la macrocausa sobre la formación que está investigando Alaya.
