Se van a cumplir ocho años del cierre de la factoría de Delphi y las heridas que dejó abiertas ese desastre laboral siguen supurando. Ahora es la Justicia la que analiza lo que fue el paquete de ayudas económicas que la Administración andaluza liberó para la formación y recolocación de los trabajadores afectados por la marcha de la multinacional de la Bahía de Cádiz. La jueza Mercedes Alaya ha incluido este programa dentro de la macrocausa sobre los cursos de formación en la que trabaja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En un auto conocido hace escasos días decretaba el secreto parcial de las actuaciones, aunque dibujaba en su escrito las líneas de investigación que están siguiendo los especialistas del Instituto Armado. Una de ellas son las ayudas que recibieron empresas y fundaciones para la formación, reciclaje profesional y contratación de un colectivo que en 2007 superaba los 1.800 empleados.
Mercedes Alaya concluye que de la información recabada a través de funcionarios de la Dirección General de la Formación para el Empleo o informes de la Cámara de Cuentas o la Inspección de Trabajo se observan notables irregularidades, llegando a unas primeras conclusiones provisionales.
Así habla de entramados empresariales que se beneficiaban de una lluvia de subvenciones para la formación y que en algunos casos tendrían contacto directo con cargos de la Administración.
El 'caso Delphi'
También define como una posible «bolsa de fraude» las subvenciones que cayeron en manos de empresas y fundaciones dentro del programa de recolocación de los parados de Delphi. Alaya cita el informe de la Inspección de Trabajo que censuró la contratación de trabajadores por las mismas empresas que los estaban formando. Algunos de ellos, consultados por este periódico, admiten que estuvieron cobrando por dar clases presenciales o por seguir un curso a distancia. Unas «relaciones laborales simuladas» que están siendo objeto de investigación en estos momentos.
Sólo para el 'caso Delphi' (así lo define Alaya en su auto), el Servicio Andaluz de Empleo otorgó a la extinta Faffe 35, 9 millones para la formación. Además, para el capítulo de la contratación, empresas y subvenciones se repartieron un total de 70 millones. La lupa judicial está sobre una cantidad nada desdeñable de 105,9 millones de euros que no sirvieron para la reinserción en el mercado laboral de los afectados por el cierre. La mayoría fue prejubilada con complementos que sigue pagando la Junta hasta que los trabajados adscritos a este plan vayan cumpliendo los 65 años.
En el otro extremo, sin ingresos y en el paro, los protagonistas del encierro en el edificio de los sindicatos de Cádiz, que la semana pasada cumplían un año sin ningún avance en sus demandas. Se agarran como un clavo ardiendo a los acuerdos suscritos en 2007 que les prometían una salida laboral.
Pero el fracaso de la Administración andaluza por reactivar el tejido industrial de la Bahía de Cádiz ha sido rotundo. Ese colectivo de 400 trabajadores, que no entró por edad en las prejubilaciones ni fueron seleccionados por la empresa semipública de Alestis, son una de las evidencias. Que ninguna de las empresas privadas que llegó incentivada a través del Plan Bahía Competitiva o que fueron anunciadas se haya establecido en esta comarca, es otra. Un Plan Bahía, que nació para captar inversores privados y que también ha terminado en los juzgados por el desvío de las ayudas a paraísos fiscales.
La magistrada del juzgado nº 6 de Sevilla, que en próximas semanas abandonará este destino para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha solicitado a la Agencia Tributaria toda la información que dispone de once empresas y fundaciones que identifica como las beneficiarias del 'caso Delphi'. Casi todas han tenido o tienen vinculación con el PSOE y la Junta de Andalucía; lo que evidencia un sistema muy endogámico que en este caso en concreto no ha resultado satisfactorio.
Cinco de esas empresas investigadas por Alaya pertenecen al entramado del exconsejero jerezano, Ángel Ojeda, detenido en Sanlúcar el verano pasado por una investigación paralela que inició la Policía Nacional, también sobre los cursos de formación.
Ojeda estaría al frente de uno de esos entramados señalados por Alaya en su auto. Y es que la red de empresas que constituyó el exconsejero y sus colaboradores llegó a recibir casi 50 millones de euros en subvenciones en sólo cuatro años, según un estudio que realizó el Cuerpo Nacional de Policía sobre la actividad de esas empresas.
Casi mil millones sin justificar
La cuñada de este antiguo consejero de Hacienda fue director general de Formación Profesional hasta 2013. Teresa Florido sostiene que se abstuvo de los expedientes que estaban relacionados con sociedades de su familiar. Su sucesor, sin embargo, no la deja bien parada en su declaración ante Alaya. Según recoge el último auto , Carlos Cañavate de León reconoce que al llegar al cargo, se encontró con 950 millones sin justificar en subvenciones para acciones formativas.
Alaya también ha reclamado información sobre la Fundación Forja XXI. Creada al calor de la Exposición Universal de Sevilla, hoy está en liquidación tras un último año de suspensión de pagos; si bien su último empleado en nómina ha sido su director, cuñado del socialista Luis Pizarro.
Otra fundación que aparece en el listado que la magistrada ha entregado a la Agencia Tributaria es Fueca, ligada a la Universidad de Cádiz. La Inspección de Trabajo destacaba en su informe a esta fundación como la que habría acumulado más sanciones con los supuestos contratos simulados. En total, los inspectores detectaron 402 en las 496 contrataciones realizadas y proponen una multa de 2,6 millones.
Isidro Jiménez, quien fuera empleado de la factoría y miembro del comité de empresa por CGT hasta su ruptura con los sindicatos por desencanto, recuerda que Fueca se encargó de los cursos 'on line' que recibieron en la recta final. Unos cursos por los que cobraban
El listado lo completa Gadir Solar, del grupo Aurantia, cuyo presidente Rafael Naranjo se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel en el caso Gürtel por pagar una comisión ilegal por hacerse con un contrato de limpieza en un barrio de Madrid. Esta empresa no estuvo más de dos años en funcionamiento y volvió a dejar en la calle a 100 trabajadores de Delphi.
