El Vaticano prohíbe a todos los empleados aceptar regalos de más de 40 euros
Los funcionarios tendrán que declarar cada dos años no tener procesos en otros países ni dinero en paraísos fiscales
Urgido por una nueva inspección periódica de Moneyval , el Vaticano ha anunciado este jueves rigurosas medidas contra la corrupción, que incluyen la prohibición a todos los funcionarios de tener inversiones en paraísos fiscales y a todos los empleados la de aceptar regalos por valor superior a cuarenta euros.
Con la excepción de los empleados de nivel más bajo , las normas emanadas por el Papa exigen a todos los funcionarios declarar -en el momento del contrato y, después, cada dos años- que no han sido condenados ni están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal en otros países.
Deben declarar también el no tener -por sí mismos o por intermediarios- dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, ni en paraísos fiscales. Y declarar, además, que todas sus propiedades e ingresos provienen de actividades lícitas, así como el no tener participaciones o intereses en empresas que lleven a cabo actividades contrarias a la Doctrina Social de la Iglesia.
Las declaraciones serán depositadas en la Secretaría de Estado y la Secretaría de Economía, que se encargará de realizar las inspecciones necesarias . Quienes hayan mentido en esas declaraciones podrán ser despedidos y quedan sujetos a reclamación de daños y perjuicios por parte del Vaticano.
La última de las normas afecta a todos los empleados y no solo a los directivos: queda prohibido aceptar, por razón del cargo, «regalos o beneficios» por valor superior a los 40 euros, como se hace en los países que velan por la ética en la función pública.
Estas normas se añaden a las de mayo de 2020, destinadas a prevenir la corrupción en los contratos públicos . Su objetivo es asegurar que todas las personas que trabajan para la Santa Sede o el Estado del Vaticano actúen «según el principio de transparencia y en ausencia de cualquier conflicto de intereses», como señala el Papa en la carta apostólica que establece la nueva normativa.
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