Los vaivenes del Gobierno sobre el uso de la mascarilla
El punto de inflexión llegó cuando el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades recomendó a la población usar esta medida de seguridad en espacios públicos
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Han tenido que pasar 40 días para que el Gobierno decida seguir las recomendaciones internacionales sobre el uso de las mascarillas . Ayer, en una rueda de prensa junto a María Jesús Montero, ministra portavoz, Salvador Illa , titular de Sanidad, anunció que regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos después de nueve semanas de confinamiento. Ya quiso hacerlo el pasado viernes , pero a última hora se retiró el anuncio por falta de consenso con todas las autonomías.
Sanidad regulará su uso a través de una orden ministerial que están «estudiando» y que llegará «en los próximos días» , según anunciaron en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes autonómicos. Pero lo cierto es que algunas regiones como Madrid, Cataluña, Andalucía o Asturias llevaban semanas reclamando la medida.
El uso obligatorio de mascarillas resultó ser este domingo una petición «unánime» de las regiones . Precisamente Illa señaló que «hay un consenso muy amplio en reforzar la obligatoriedad». Por su parte, Montero aseguró que «este es un Gobierno que escucha y en la reunión de hoy (por ayer) hemos tomado notas». El Gobierno intenta dar protagnismo a las regiones para que no crezca el malestar. «Es una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y la regulará en los próximos días», explicó.
Punto de inflexión
Desde que el coronavirus se instaló en España, la presión para que el Ejecutivo aprobara la obligatoriedad del uso de mascarilla no ha dejado de crecer. No obstante, se acrecentó mucho más el pasado 8 de abril , cuando el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ( ECDC por sus siglas en inglés) recomendó a la población usar mascarilla en espacios públicos . Hasta entonces, Sanidad sostenía en sus intervenciones que no eran necesarias y que estaban recomendadas para los contagiados o para personas que estuvieran en contacto con pacientes o sospechosos de ser positivos en coronavirus. En este aspecto coincidían con la Organización Mundial de la Salud OMS , sin embargo, estos consejos escondían un desabastecimiento generalizado de material de protección –mascarillas, EPI, viseras, etc.– y se basaban en que la «prioridad» era proteger a los sanitarios.
Dos días después de la sugerencia de la ECDC, en plena Semana Santa, Illa recomendó la utilización de las mascarillas en la vuelta al trabajo tras el parón del permiso retribuido recuperable. Fue entonces cuando el Gobierno abasteció a las farmacias que no habían podido conseguir material de protección y repartió 10 millones de mascarillas en el transporte público. Debido al desabastecimiento de material de protección y a la «guerra» que predominaba en el mercado internacional para conseguir mascarillas homologadas, el precio de las mismas se había multiplicado. Razón por la cual el Ejecutivo decidió intervenir y fijar un precio máximo de apenas un euro para que toda la población pudiese adquirir una mascarilla quirúrgica si lo necesitaba.
Fernando Simón alertó el pasado miércoles que hay personas que no pueden levar mascarillas
Tras este paso, el 2 de mayo Pedro Sánchez , presidente del Gobierno, pudo anunciar que el uso de mascarilla sería obligatorio en el transporte público desde el lunes 4 de mayo, cuando algunas islas pasaron a la fase 1 y se recuperó parte de la actividad comercial al permitir abrir a los comercios bajo cita previa. Finalmente, las mascarillas han acabado siendo obligatorias pese a que Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y referente español en la gestión de la crisis del coronavirus, alertó el pasado miércoles que hay personas no pueden llevarlas o deben de limitar a unos pocos minutos su uso. Por tanto, la apuesta del experto seguía siendo los dos metros de distancia.
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